PROSCRIPCION DE LA ARBITRARIEDAD Y MOTIVACION

CASTILLO ALVA, JOSÉ LUIS

$ 1,045.00 MXN
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39,96 €
Editorial:
GRIJLEY
ISBN:
978-9972-04-441-0
Páginas:
392
Encuadernación:
Cartoné
Colección:
DERECHO & TRIBUNALES

Disponibilidad:

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CAPÍTULO PRIMERO
EL PRINCIPIO DE PROSCRIPCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS
I. La arbitrariedad
II. El principio de proscripción de la arbitrariedad
a) Fundamento
b) La proscripción de la arbitrariedad como principio general del derecho
c) Manifestaciones del principio de interdicción de arbitrariedad
d) La interdicción de arbitrariedad y la exigencia de control jurisdiccional de la actividad estatal
e) Arbitrariedad y discrecionalidad
III. El principio de interdicción de arbitrariedad y el deber de motivar las resoluciones judiciales

CAPÍTULO SEGUNDO
LA MOTIVACIÓN SUFICIENTE DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA PENAL
I. La motivación requiere buenas razones y, además, que sean suficientes
II. Los criterios de determinación de la motivación suficiente
III. La motivación suficiente y el principio de razón suficiente
IV. Los elementos de una motivación suficiente
a) La motivación de un caso fácil o difícil
b) La fijación de los puntos controvertidos
c) La fijación de la ratio decidendi expresa
d) La necesidad en materia penal de que se justifique cada uno de los elementos del injusto culpable y punible
V. La motivación suficiente no requiere ni supone argumentos abundantes
VI. Los criterios mínimos y máximos de la motivación suficiente
VII. Las regulaciones sectoriales y su influencia en la motivación suficiente
VIII. La motivación insuficiente

CAPÍTULO TERCERO
LA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. LA DISTINCIÓN ENTRE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. ¿EL DEBER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAR SUFRE UN RELAJAMIENTO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO?
I. La ambigüedad del término motivación
II. La noción amplia (y equivocada) de motivación como "proceso o actividad mental" o "explicación"
a) La motivación como actividad y/o proceso mental
b) La motivación como explicación
III. La distinción entre motivación y fundamentación
IV. La motivación del acto administrativo en la doctrina del tribunal constitucional peruano y la corte interamericana de derechos humanos
a) La motivación como deber de los poderes públicos
b) El fundamento constitucional y convencional de la obligación de motivar los actos administrativos
c) Motivación y discrecionalidad
d) Motivación suficiente del acto administrativo
e) Los requisitos de la motivación del acto administrativo
f) Motivación de las sanciones administrativas, presunción de inocencia y principio de proporcionalidad
g) La motivación de los administrativos como contenido del debido proceso

CAPÍTULO CUARTO
LA MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
I. Fundamento y base legal
II. La obligación de motivar las resoluciones de apertura de investigación fiscal
III. El deber de motivar las resoluciones de archivo de denuncia
IV. La mayor carga de fundamentación en los casos de reapertura de la investigación fiscal por nueva evidencia
V. El deber de motivar las resoluciones que resuelven una queja de derecho
VI. La obligación de motivar las resoluciones de formalización de denuncia
VII. El deber de motivar los dictámenes acusatorios del ministerio público
VIII. La obligación de motivar los dictámenes no acusatorios del ministerio público
IX. El deber de motivar las resoluciones de retiro de acusación
X. La obligación de motivar las resoluciones que resuelven incidencias relevantes en la investigación preliminar
XI. El deber de motivar las resoluciones de control interno del ministerio público

Bibliografía

El libro reúne cuatro trabajos que tienen como denominador común la preocupación por el contenido y los alcances del principio de proscripción de la arbitrariedad y su conexión con el deber de motivar las decisiones estatales, sean estas judiciales, administrativas o fiscales. La idea central que inspira la obra gira alrededor de que los actos estatales deben ajustarse a la Constitución y a la ley y que, por tanto, se debe evitar la comisión de actos arbitrarios y que la mejor manera de racionalizar el poder estatal es exigiendo cuotas rigurosas de justificación y fundamentación de las decisiones de todas las autoridades públicas.

Los trabajos que integran el libro si bien poseen un claro interés teórico buscan atender un reclamo de la práctica judicial, administrativa y fiscal sobre materias que se han encontrado postergadas y marginadas en su estudio. Para ello se ha utilizado de la manera más seria que nos ha sido posible con diversas sentencias del Tribunal Constitucional peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia; amén de la doctrina que aborda la problemática de la proscripción de arbitrariedad y de la justificación de las decisiones judiciales. Se trata de armonizar en buena cuenta tanto aspectos teóricos de la materia como los desarrollos jurisprudenciales a fin de dotar un contenido orgánico y satisfactorio que atienda las exigencias de los operadores del sistema de justicia.

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