GONZÁLEZ, ÁLVARO / MUÑOZ, JULIANA
INTRODUCCIÓN
1. El reconocimiento del derecho de acceso a la información pública
2. El ámbito subjetivo de aplicación de la LTE
3. Los sujetos privados en la LTE
4. Ámbito de estudio: delimitación positiva y negativa
5. Plan
CAPÍTULO PRIMERO
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN PODER DE LOS SUJETOS PRIVADOS: FUNDAMENTOS Y PROBLEMAS
1. La transparencia administrativa: una primera aproximación
2. La transparencia de los sujetos públicos: fundamentos
3. La transparencia en los sujetos privados
CAPÍTULO SEGUNDO
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES PRIVADAS DEL SECTOR PÚBLICO
1. Sociedades mercantiles públicas
2. Fundaciones del sector público
CAPÍTULO TERCERO
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO Y DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
1. La sujeción de las corporaciones de derecho público a la legislación de transparencia
2. El caso problemático de las Federaciones Deportivas
CAPÍTULO CUARTO
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE SUJETOS PURAMENTE PRIVADOS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS, EJERCEN POTESTADES ADMINISTRATIVAS O CELEBRAN CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO
1. La sujeción de los sujetos puramente privados a la legislación de transparencia
2. El deber de suministrar información
CONCLUSIONES
RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA CITADAS
JURISPRUDENCIA CITADA
BIBLIOGRAFÍA CITADA
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración.
El presente trabajo estudia el derecho de acceso a la información que los ciudadanos pueden ejercer frente a las entidades privadas del sector público, las corporaciones de derecho público o los sujetos puramente privados que prestan servicios públicos, ejercen potestades administrativas o celebran contratos con el sector público.
Se analizan tanto las razones que justifican la sujeción de cada una de estas entidades a la transparencia como el alcance del derecho de acceso a la información que tienen en su poder, a la luz de la copiosa doctrina jurisprudencial, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de sus homólogos autonómicos emanada desde la aprobación de la LTE.
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