DISEÑO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE AMÉRICA LATINA

Introducción

1. Marco de referencia: declaraciones de Lima y de México de la INTOSAI
2. Caracterización institucional de las entidades de fiscalización superior de América del Sur

2.1. Argentina
2.2. Bolivia
2.3. Brasil
2.4. Chile
2.5. Colombia
2.6. Ecuador
2.7. Paraguay
2.8. Perú
2.9. Uruguay
2.10. Venezuela

3. Caracterización institucional de las entidades de fiscalización superior de Centroamérica y el Caribe

3.1. Antillas Neerlandesas
3.2. Belice (Belize)
3.3. Costa Rica
3.4. Cuba
3.5. El Salvador
3.6. Guatemala
3.7. Honduras
3.8. México
3.9. Nicaragua
3.10. Panamá
3.11. Puerto Rico
3.12. República Dominicana

Consideraciones finales

El objetivo de esta obra consiste en exponer una descripción comparada de los diseños institucionales de las entidades de fiscalización superior (contralorías y tribunales de cuentas) del área latinoamericana que permita establecer si ellos son plataformas apropiadas para el desarrollo efectivo de sus competencias en materia de auditoría gubernamental externa, en función de los parámetros de independencia y profesionalidad establecidos en las declaraciones de Lima y de México de la Intosai.

El aporte de este trabajo académico es haber determinado el grado de adecuación de los diseños institucionales de las EFS latinoamericanas a esos parámetros, de manera que los resultados de la investigación adelantada permitieron formular un conjunto de consideraciones sobre los retos inmediatos que debe superar la institucionalidad del control fiscal regional para conseguir que los resultados de las funciones ejercidas por las entidades de fiscalización superior incidan sobre la gestión de las entidades vigiladas, a fin de que su actividad misional sea eficaz y eficiente, y, de esta manera, aquellas hagan que la gestión de los recursos públicos logre el mejoramiento efectivo de la calidad de vida de las personas mediante el acceso a más y mejores bienes y servicios públicos.

Está dirigida principalmente a servidores públicos, gestores fiscales, administradores públicos, funcionarios de las contralorías y las oficinas de control interno, miembros de corporaciones públicas de elección popular, magistrados de tribunales y cortes, y profesores e investigadores en temas de administración pública y control fiscal.