LÓPEZ SIMÓ, FRANCISCO / CAMPANER MUÑOZ, JAIME
Principales abreviaturas
Prólogo
1. Aproximación al proceso por aceptación de decreto: regulación, finalidad, naturaleza y antecedentes
1.1. Regulación y finalidad del nuevo proceso
1.2. Naturaleza jurídica del proceso por aceptación de decreto
A) Proceso especial de naturaleza monitoria
B) ¿Proceso independiente o mera fórmula o mecanismo de aceleración de la justicia penal que se inserta en un proceso ya incoado?
1.3. Antecedentes de este proceso en el Derecho comparado y español
A) Derecho comparado
a) Alemania
b) Francia
c) Italia
d) Portugal
e) Chile
B) Derecho español
2. Ámbito de aplicación
2.1. Requisito temporal o en relación con el momento en que se encuentra la causa
2.2. Requisito objetivo o en relación con la pena
A) Conductas susceptibles de ser enjuiciadas por los trámites del proceso por aceptación de decreto
a) Delitos contra las personas
b) Delitos contra los valores patrimoniales y socioeconómicos
c) Delitos contra el orden socioeconómico
d) Delitos contra la sociedad
e) Delitos contra la Administración Pública
f) Delitos contra la Administración de Justicia
g) Delitos contra la Constitución
h) Delitos contra el orden público
i) Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional
B) Algunas reflexiones sobre el ámbito objetivo de aplicación del nuevo proceso
a) Delitos competencia del Tribunal del Jurado
b) Delitos competencia de la Audiencia Nacional
c) Delitos leves y principio de oportunidad
d) El juicio rápido: ¿un competidor invencible?
2.3. Requisito subjetivo o en relación con las partes acusadoras
3. Objeto de este proceso
3.1. Objeto necesario: la acción penal
3.2. Objeto contingente: la acción civil ex delicto
4. Competencia
4.1. Competencia objetiva de los Juzgados de Instrucción (regla general). Competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción de la AN y del Tribunal del Jurado
4.2. Incompetencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: ¿un olvido del legislador de la reforma de 2015?
5. Procedimiento
5.1. Emisión por el Ministerio Fiscal del decreto de propuesta de imposición de pena. Contenido de este decreto
5.2. Remisión al Juzgado de Instrucción y resolución de éste sobre el decreto: Alcance del control judicial. Crítica
A) Control judicial del decreto del Fiscal: alcance. Posibles contenidos de la resolución del Juez de Instrucción
B) Crítica del control judicial (meramente formal) previsto en este caso por la LECRIM
5.3. Notificación del auto de autorización del decreto, citación y comparecencia del encausado en el Juzgado de Instrucción
A) Preceptiva asistencia letrada
B) Conductas posibles del encausado
a) Incomparecencia
b) Comparecencia sin asistencia letrada
c) Comparecencia en tiempo y forma
c) Aceptación del decreto por el encausado
c) Rechazo del decreto. Efectos
5.4. Conversión del decreto aceptado en sentencia condenatoria irrecurrible
6. Ejecución de la sentencia
7. Valoración final
Anexos
Anexo 1º: Artículo único-Nueve de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (BOE Núm. 239. Martes 6 de octubre de 2015. Sec. I. Págs. 90227 90229):
Anexo 2º: Esquemas del proceso por aceptación de decreto
2º.1. Esquema del procedimiento de lege lata (I)
2º.2. Esquema del procedimiento de lege ferenda(I)
Bibliografía
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECRIM introdujo en el ordenamiento procesal penal español, entre otras muchas e importantes reformas y a fin de imprimir máxima celeridad a la tutela judicial en los casos de delitos de escasa gravedad y descongestionar los órganos judiciales, el denominado «proceso por aceptación de decreto» del Fiscal. Este procedimiento de naturaleza monitoria permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme de condena cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el encausado da su conformidad, evitándose o, cuando menos, acortándose la fase de instrucción a cambio de una sensible rebaja punitiva. En esta monografía los autores analizan de modo crítico, pero con espíritu constructivo desarrollando propuestas para su mejora, este novedoso procedimiento, destacando que el Fiscal está llamado a ser su protagonista indiscutible, lo que, a su juicio, constituye un primer guiño experimental del legislador a un sistema procesal que debe instaurarse de manera inminente en nuestro país, en el que el Ministerio Público dirigirá la instrucción penal y el Juez ejercerá exclusivamente la genuina función jurisdiccional.
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