DERECHO Y CONSUMO - 1.ª ED. 2013

Parte I. Cuestiones generales.

I. De la autonomía de la voluntad al imperativo estatal en la protección de consumidores en España. Un estudio histórico-jurídico. Antonio Sánchez Aranda.

Parte II. Derecho penal. Parte general.

II. Delimitación conceptual y legitimidad de la intervención penal. Javier Valls Prieto.
III. La proyección penal de los principios limitadores del ius puniendi de un estado social y democrático de derecho en la protección penal del consumidor. José María Suárez López.
IV. Los intereses de los consumidores como bien jurídico en los delitos relativos a la propiedad industrial. Especial consideración a los signos distintivos. Lorenzo Morillas Cueva.
V. La competencia de la audiencia nacional de los delitos contra los consumidores. La necesaria revitalización del principio de taxatividad en el proceso penal. Jesús Martínez Ruiz.

Parte III. Derecho penal. Parte especial.

VI. Aspectos dogmáticos y político-criminales de la protección del mercado, la competencia y los consumidores en el derecho penal español. Fátima Pérez Ferrer.
VII. El delito de publicidad engañosa. Belén Macías Espejo.
VIII. El delito de facturación abusiva. María José Jiménez Díaz.
IX. La estafa de inversores en relación con el delito de publicidad engañosa. Ignacio Lledó Benito.
X. El delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Pilar Fernández Pantoja.
XI. El delito farmacológico del artículo 361 del Código Penal. Nuria Castelló Nicás.
XII. Los fraudes alimentarios nocivos realizados por productores, distribuidores y comerciantes. Ignacio Francisco Benítez Ortúzar.
XIII. La adulteración de productos alimentarios y la alimentación del ganado con sustancias no permitidas. Eva Mª Domínguez Izquierdo.
XIV. Responsabilidad penal por la adulteración o envenenamiento de aguas potables y alimentos destinados al consumo humano. María José Cruz Blanca.

Parte IV. Criminología.

XV. Los delitos relativos al mercado y a los consumidores. Delimitación del sujeto activo desde el ámbito criminológico. Marta María Aguilar Cárceles.

Parte V. Derecho administrativo.

XVI. El régimen sancionador en materia del consumo. Las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Ramón Terol Gómez.
XVII. El derecho administrativo sancionador en materia de consumo. De sarcasmos y aporías. Salvador Mª Martín Valdivia.

Parte VI. Derecho Civil.

XVIII. La regulación del arbitraje de consumo. Ramón Herrera Campos.
XIX. La mediación en los conflictos de consumo. Guillermo Orozco Pardo.
XX. La protección de los consumidores en el servicio de reparaciones a domicilio. Análisis legislativo. Ramón Herrera de las Heras.
XXI. El menor como consumidor y su protección ante la publicidad televisiva. Marta Morillas Fernández.
XXII. La directiva 2011/83/UE de protección de los consumidores y su incidencia en el ordenamiento español. Eduardo de la Iglesia Prados.
XXIII. La protección de los consumidores y las técnicas empresariales de marketing 2.0. Miguel Ángel Moreno Navarrete.

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976.

No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en las vigentes Constituciones de Italia de 22 de diciembre 1947, francesa de 4 de octubre de 1958 –ni siquiera después de la reforma constitucional introducida en 2003–, ni en la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949. Sin embargo, Alemania sí fue pionera en limitar la autonomía de la libertad contractual iniciando las restricciones a la libertad de mercado desde el siglo XIX –así, por ejemplo, la Ley de 1894 sobre plazos en materia de préstamos en los que se establecen requisitos y límites a las cláusulas abusivas en los contrato de créditos para compra de bienes muebles–, aunque no fue hasta la década de los sesenta cuando se inició la protección legal de los consumidores y usuarios.

La defensa de los consumidores ha tenido una gran evolución desde la entrada del Código Penal de 1995. El tipo de conflicto jurídico que suele ir aparejado a esta relación entre consumidor y ofertante de los servicios ha ido evolucionando desde su respuesta civil y la administrativa, en los casos en que la administración tiene que sancionar de terminadas conductas, a su entrada en el Código penal.

Un tema aparentemente sencillo sería determinar qué rama del ordenamiento jurídico debe de intervenir para proteger los intereses de los consumidores. En principio las relaciones contractuales relativas al consumo no tendrían que tener mayor problema que las derivadas del Derecho contractual civil. Sin embargo, las nuevas formas de producción y de contratación en masa hacen inviable dicha posibilidad y es por ello que el Derecho administrativo y el Derecho penal entran de lleno en la protección del consumidor como sujeto pasivo abstracto que representa a una colectividad. Por tanto, los resultados que afecten directamente al patrimonio de un sujeto individual se protegerán con los delitos patrimoniales y, dado que afecta directamente al patrimonio, el Derecho administrativo no va a actuar…