MIRÓ LLINARES, FERNANDO / FUENTES OSORIO, JUAN LUIS
NOTA PRELIMINAR
PRIMERA PARTE
LA FUNCIÓN DE LA PENA: ENTRE LA PREVENCIÓN Y EL MERECIMIENTO ¿UNA TREGUA EN LA GUERRA DE LOS PRINCIPIOS DISTRIBUTIVOS?
MERECIMIENTO EMPÍRICO, CREDIBILIDAD MORAL Y LA INTERIORIZACIÓN DE LAS NORMAS SOCIALES, por Paul H. Robinson
LA SALUD DEL DEBATE SOBRE LA PENA: PRIMEROS SÍNTOMAS TRAS UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA (2000-2020), por Fernando Miró Llinares
RETRIBUCIÓN Y CONSECUENCIAS: ¿TODO EN UNO?, por Daniel Rodríguez Horcajo
SEGUNDA PARTE
POLÍTICA CRIMINAL: RAZÓN Y REALIDAD
REALIDAD, PRINCIPIOS, UTILIDAD Y SISTEMA EN ROXIN, por José Luis Díez Ripollés
DERECHO PENAL Y OPINIÓN PÚBLICA: SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN NORMATIVA DEL ETHOS SOCIAL, por Javier Cigüela Sola
EL CRUCE DE CAMINOS ENTRE LA FILOSOFÍA MORAL EXPERIMENTAL Y EL ESTUDIO DEL DERECHO PENAL. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA, por Vicente Valiente Ivañez
TERCERA PARTE
LEY PENAL: APLICACIÓN Y EFECTOS
A PUNCH IN THE FACE OR A SLAP ON THE WRIST? LA EXIGUA SEVERIDAD DE LAS CONDENAS POR DELITO MEDIOAMBIENTAL, por Juan Luis Fuentes Osorio
MUERTE VIOLENTA DE MENORES EN LA JURISPRUDENCIA (2017-2019): REFORZANDO LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LOS AÑOS 2000-2016, por José Antonio Ramos Vázquez
EL TIPO PENAL DE STAL KING: UNA REVISIÓN POLÍTICO-CRIMINAL TRAS SUS CINCO PRIMEROS AÑOS, por José R. Agustina y Victòria Fernández-Cruz
CUARTA PARTE
PRISIÓN: ENTRE LA REALIDAD Y LA NORMATIVIDAD
REALIDAD Y NORMATIVIDAD: ¿QUÉ APORTA LA CRIMINOLOGÍA AL ESTUDIO DE LA PRISIÓN?, por Elena Larrauri
HACIA UNA EJECUCIÓN PENITENCIARIA AUTÓNOMA Y LIBRE DE SER UTILIZADA COMO CORRECTIVO DEL FALLO CONDENATORIO, por Vicenta Cervelló Donderis
LA SUSPENSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN: ¿UNA ALTERNATIVA A LA PRISIÓN O UN ANZUELO PARA LA CONFORMIDAD?, por Daniel Varona Gómez
LA PRISIONIZACIÓN EN ESPAÑA: MITO Y REALIDAD A PARTIR DE UNA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA PENITENCIARIA, por Jesús Barquín Sanz, Miguel Ángel Cano Paños y M.ª Ángeles Calvo Alba
QUINTA PARTE
PELIGROSIDAD: VALORACIÓN Y PROPORCIONALIDAD
SENTENCING ALGORÍTMICO: TRES PRINCIPIOS, por Christopher Slobogin
INSTRUMENTOS ACTUARIALES DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA Y JUSTICIA PENAL. ¿HACIA LA CONFIGURACIÓN DE LA PELIGROSIDAD CRIMINAL COMO EJE DE LA INTERVENCIÓN PENAL?, por Asier Urruela Mora
EVIDENCE-BASED SENTENCING Y EVIDENCIA CIENTÍFICA, por Lucía Martínez Garay
CONSTRUYENDO LA EXIGIBILIDAD: SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS EMPÍRICAS EN LA CONFORMACIÓN DE LA NORMATI VIDAD, por Fernando Guanarteme Sánchez Lázaro
¿Pueden el Derecho penal y la dogmática ignorar el conocimiento empírico que interesa al fenómeno del crimen? ¿Puede el legislador obviar la realidad que pretende moldear? ¿Puede afirmarse que una decisión legislativa o una propuesta dogmática es correcta sin valorar los efectos (empíricos) de las sanciones penales y de la interpretación planteada?
La política legislativa penal de las últimas décadas, calificada por la doctrina como expansiva y punitivista, se basa usualmente en un supuesto conocimiento de la realidad acerca de las tendencias delincuenciales, de las demandas sociales de intervención, de la capacidad disuasoria de la ley penal que, sin embargo, no se apoya en evidencias científicas y, en ocasiones, culmina incluso en decisiones político-criminales en la dirección contraria. No es que el legislador no parta de la realidad, sino que desconoce la realidad de la que parte (o, al menos, su conocimiento no se puede calificar como científico). Olvida, así, la relevancia que tiene un adecuado acceso a los elementos fácticos de referencia a la hora de definir tanto la racionalidad ética de las leyes como la racionalidad pragmática o de correspondencia entre los fines y los medios usados. Frente a esta situación, la presente obra colectiva aborda cinco de las principales cuestiones que afectan al Derecho penal y a la Política Criminal en la actualidad desde la premisa de que es necesario establecer puentes entre lo normativo y lo empírico, esto es, contrastar los presupuestos fácticos de la realidad que interesa al Derecho penal y, al mismo tiempo, no sobrepasar en su regulación los límites deontológicos establecidos en nuestro Estado social y democrático de Derecho.
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