DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO PROCESAL PENAL

HIDALGO MURILLO, JOSÉ DANIEL

$ 340.00 MXN
18.50 $
16,25 €
Editorial:
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR
Año de edición:
2019
ISBN:
978-607-610-705-8
Páginas:
329
Encuadernación:
Rústica
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

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CAPÍTULO I CUESTIONES GENERALES SOBRE EL DEBIDO PROCESO (1)
1.1 Antecedentes
1.2 Debido proceso y relativismo jurídico
1.3 Persona humana y debido proceso
1.4 Democracia y derechos humanos
1.5 El debido proceso en nuestra jurisprudencia

CAPÍTULO II GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO (79)
2.1 Datos generales
2.2 De las garantías del debido proceso
2.3 Libertad y prisión preventiva desde el debido proceso
2.4 Intimidad familiar y domicilio
2.5 Intimidad, confidencialidad y comunicación
2.6 Privacidad, datos personales y documentación
2.7 Debido proceso y derecho de defensa
2.8 Debido proceso y acceso a la justicia
2.9 Debido proceso y derecho a un recurso efectivo
2.10 Debido proceso y derechos procesales del imputado

BIBLIOGRAFÍA

En este libro procuro ofrecer un concepto de debido proceso para analizar la importancia de éste en cada construcción adjetiva que procure la eficacia del derecho sustantivo, me atrevo a dar una respuesta de partida para esta pregunta: de principio, aplicar el proceso vigente es ya debido proceso; sin embargo, en cada país, cada región, cada localidad, pueblo, formas ideológicas, modos o modelos, hay una filosofía del sistema que permite concluir, en la ausencia de algunas normas procesales necesarias, resolver con justicia y/o situaciones propias de injusticia en los procedimientos; de hecho, para algunos, la justicia no es el objetivo del debido proceso, sino la epiqueya, la equidad, la caridad, así lo han comprendido quienes introducen, en el proceso, el principio de alternatividad, así como mecanismos alternativos de solución de distintas controversias, para esos autores, la justicia es fría y estricta en sus límites.

Si bien es necesaria la aplicación del proceso, es igual o más importante producir un proceso debido, el cual se entiende como —si lo analizamos a la luz de principios como el de interés superior del menor de edad, la subjetividad de la perspectiva de género, la igualdad de derechos procesales de las partes—, los principios sociales que nos permiten resolver desde el in dubio, para producir equidad, es decir, para equilibrar las fuerzas entre los distintos contendientes en un proceso.

Así mismo, hay normas que no producen proceso debido sino, por el contrario, crean injusticias a través del proceso. A nivel constitucional, por ejemplo, México crea figuras injustas, violatorias de derechos humanos, que son proceso indebido, como ocurre con el arraigo; el despido injusto de funcionarios públicos que, a pesar de una sentencia favorable, no pueden ser sustituidos en sus puestos; las cuotas para favorecer a la mujer por encima del hombre, institución procesal que causa discriminación contra el varón, pero, especialmente, contra la misma mujer, etcétera. Luego entonces, es posible decir que el acceso a la justicia es debido proceso. Sin embargo, el acceso a la justicias es debido proceso cuando permite el derecho de audiencia y derecho de defensa; se resuelven muchos conflictos si una persona —sin distinción— tiene derecho de ser escuchado y, al ser escuchado, encuentra derecho de ofrecer pruebas y de demostrar la verdad de los hechos.

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