CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU / MIR PUIG, SANTIAGO / HORTAL IBARRA JUAN CARLOS
ÍNDICE (Resumen): Sociedad, constitución y derecho penal. Constitucionalismo y derecho penal, por Manuel Atienza. El papel que corresponde a la comunidad en la determinación de la responsabilidad penal y de la pena, por Paul H. Robinson. Garantías constitucionales en la elaboración y control de la ley penal. Argumentación en el ámbito legislativo y prestigio de la ley penal, por Gema Marcilla Córdoba. El control de las leyes penales por parte de los jueces ordinarios, por Víctor Ferreres Comella. El acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a resoluciones del orden penal, por Mercedes Pérez Manzano. Principios constitucionales y derecho penal. Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales, por Mirentxu Corcoy Bidasolo. ¿Promoción de la igualdad o protección de la seguridad? A propósito de los delitos de odio y discriminación en el código penal español, por Víctor Gómez Martín. Europeización y reconstitución del non bis in idem -efectos en España de la Stedh Serguëi Zolotoukhine V. Rusia de 10 de febrero de 2009-, por David Carpio Briz. Garantías constitucionales en el proceso y ejecución penal. La detención preventiva: previsiones constitucionales y legales, por Joan J. Queralt Jiménez. Proceso penal, admisibilidad de la prueba y tratos inhumanos (comentario sobre la sentencia de la gran sala del Tribunal europeo de derechos humanos en el asunto Gäfgen contra Alemania), por Jordi Bonet Pérez. Constitución y prescripción de la pena, por Sergi Cardenal Montraveta
Ante la expansión del Derecho penal, con déficits de certeza y garantías, los autores de esta obra colectiva proponen introducir una mínima racionalidad, tanto en la elaboración de la dogmática jurídico-penal, como en su creación, aplicación e interpretación. Racionalidad que pasa por justificar las decisiones conforme a los principios constitucionales que limitan el ejercicio del ius puniendi. En esta línea se propone que el principio de distribución del castigo penal se legitime en cuanto «reflejo real y democrático» de los valores que sobre la justicia penal tiene la sociedad. Se subraya, además, la importancia de recuperar el prestigio del legislador a partir de un modelo racional de ley penal que tome como base los principios de legalidad y proporcionalidad. Se pone, así mismo, el acento en la necesaria legitimidad democrática de la ley, ya que en la actualidad se encuentra sujeta a la voluntad de organismos o instituciones que carecen de aquélla. En relación con la aplicación se formulan criterios que permitan, tanto a los Tribunales ordinarios como al Tribunal Constitucional, la crítica y el control de las leyes penales, destacándose la técnica de la ponderación judicial. En esta línea se incide en la influencia ejercida por el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, en la interpretación del principio bis in idem, esencial en el derecho sancionatorio. También se examinan, desde una óptica constitucional, figuras centrales del sistema penal como la detención, la prescripción de la pena o los delitos de odio y discriminación que, de un tiempo a esta parte, han despertado un progresivo interés tanto en la doctrina como en la jurisprudencia
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