CASARÍN LEÓN,MANLIO FABIO
PRESENTACIÓN
Dr. Manlio Fabio Casarín León
PRÓLOGO
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
CAPÍTULO 1
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA BUENA ADMINISTRACIÓN EN LA CARTA IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1.1 Introducción.
1.2 Breves antecedentes del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
1.3 El derecho fundamental a una buena administración.
1.4 La carta iberoamericana de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública y el derecho a una buena administración.
1.5 Conclusión.
CAPÍTULO 2
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN.
2.1 Introducción.
2.2 La constitucionalización del derecho administrativo.
2.3 El derecho fundamental a una buena administración.
2.4 Implicaciones de la constitucionalización del derecho a una buena administración: el caso de México.
2.5 Conclusión.
CAPÍTULO 3
ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA CIUDAD
3.1 Introducción.
3.2 Algunos antecedentes del derecho a la ciudad.
3.3 Naturaleza y contenido.
3.4 El derecho a la ciudad en el orden jurídico mexicano.
3.5 Implicaciones y desafíos para garantizar este derecho.
3.6 Conclusión.
CAPÍTULO 4
LOS RETOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES
4.1 Introducción.
4.2 Reflexiones en torno al surgimiento de los derechos sociales.
4.3 El reconocimiento y desarrollo de los DESCA en el ámbito internacional.
4.4 La justiciabilidad de los DESCA en el Estado mexicano, desde la perspectiva del derecho administrativo.
4.5 Conclusión.
CAPÍTULO 5
ESTADO CONSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS Y BIENESTAR.
5.1 Introducción.
5.2 Breves reflexiones sobre el Estado social de derecho.
5.3 El Estado de bienestar como forma del Estado social.
5.4 Estado constitucional y bienestar: tensiones y desafíos en la transformación de México.
5.5 Conclusión.
CAPÍTULO 6
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EN LOS CRITERIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
6.1 Introducción.
6.2 Breves antecedentes de la responsabilidad del Estado en México.
6.3 Marco constitucional y legal de la responsabilidad patrimonial del Estado.
6.4 Criterios del poder judicial de la federación en la materia.
6.5 Conclusión.
CAPÍTULO 7
EL DOMINIO DEL ESTADO
7.1 Introducción.
7.2 El patrimonio del Estado.
7.3 El denominado dominio eminente o propiedad originaria estatal.
7.4 El régimen jurídico de los bienes nacionales.
7.5 Conclusión.
CAPÍTULO 8
EL CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
1. Introducción.
2. Algunas ideas en torno al control de la regularidad constitucional y convencional.
3. Los límites del poder reglamentario.
4. El control de regularidad constitucional y convencional de disposiciones reglamentarias: análisis en torno a algunas propuestas.
5. Conclusión.
La reforma constitucional de junio 2011 ha dado lugar a un nuevo paradigma tendiente al fortalecimiento de los valores y principios del Estado constitucional y democrático en México. El conjunto de derechos humanos reconocidos y consagrados desde entonces, tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los cuales forma parte nuestro país, establecen una serie de obligaciones y deberes a cargo de los poderes públicos y ámbitos de gobierno, con base en nuevas directrices y principios interpretativos del ordenamientos jurídico, correspondiendo en última instancia a la Suprema Corte de Justicia en sede interna así como a órganos jurisdiccionales supranacionales, garantizar la tutela efectiva de los mismos. En este contexto se inscribe el contenido de la presente obra, cuyo hilo conductor se reconduce a reflexionar en cada uno de los temas tratados acerca de los grandes desafíos que el Estado y la Administración Pública enfrentan en torno a añejos problemas de la sociedad mexicana, mismos que exigen la revisión y replanteamiento de la organización administrativa y sus procedimientos bajo una perspectiva o enfoque de derechos humanos, y no desde la visión monopólica y unilateral del poder público, como se ha venido realizando.
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