BENEFICIOS EXPRESIDENCIALES

VILLANUEVA, ERNESTO / NUCCI, HILDA

$ 390.00 MXN
21.22 $
18,64 €
Editorial:
EDITORIAL TEMIS S.A.
Año de edición:
2012
ISBN:
978-958-35-0915-5
Páginas:
211
Encuadernación:
Cartoné
Colección:
Autoral

Disponibilidad:

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Introducción

CAPÍTULO I
BENEFICIOS DE LOS EXPRESIDENTE
EN MÉXICO

CAPÍTULO II
DERECHO COMPARADO
1. Australia
2. Botswana
3. Canadá
4. Chile
5. Colombia
6. Costa Rica
7. Dinamarca
8. España
9. Estados Unidos
10. Francia
11. Italia
12. Nigeria
13. Nueva Zelanda
14. Perú
15. Reino Unido
16. Sierra Leona
17. Singapur
18. Sudáfrica
19. Suiza
20. Zambia

CAPÍTULO III
CUADROS Y GRÁFICAS COMPARATIVOS
INGRESOS MENSUALES DE LOS EXMANDATARIOS

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES
RESEÑA DE LAS INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
EN MÉXICO
1. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal, y la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática
2. Iniciativa con proyecto de ley que establece las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Óscar Cantón Zetina del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional
3. Iniciativa con proyecto de ley de sueldos y haberes por ejercicio del cargo y retiro de los titulares del poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos,
a cargo del senador Armando Chavarría Barrera, del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática
4. Iniciativa con proyecto de ley de pensión y seguridad social por retiro de los titulares del poder ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador David Jiménez Rumbo, integrante de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática
5. Proposición con punto de acuerdo que reforma y adiciona los artículos 64,73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática
6. Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la comisión de presupuesto y cuenta pública que introduzca medidas de austeridad en el ramo
administrativo 02, “presidencia de la república”, del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2007, a cargo del dipu-
tado Francisco Javier Santos Arreola, del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática
7. Iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Ca-
nabal, del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática
8. Iniciativa de ley que establece las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional
9. Proposición con punto de acuerdo, para que en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2008 se eliminen las
partidas de gastos y gratificaciones a funcionarios de nivel superior de la administración pública federal y a los expresidentes, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa, del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática
10. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ejecutivo federal a emitir un convenio para que los expresidentes de la república se integren
como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato; a reducir sus pen-
siones y los apoyos de personal y de seguridad; y a suspender sus seguros de gastos médicos mayores, entre otros, a cargo del diputado Jaime Sánchez
Vélez, del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional
11. Iniciativa que expide la ley que establece las bases y regula la responsabilidad, las actividades y las pensiones, medios personales, materiales y servicios de seguridad de los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de Jaime Sánchez Vélez y suscrita por Jorge Arana Arana, diputados del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional
12. Iniciativa que expide la ley que regula las pensiones de los expresidentes de la república, a cargo del diputado mario alberto di costanzo armenta,
del grupo parlamentario del partido del trabajo

Bibliografía

En México, a diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, el diseño institucional del Estado está constituido de forma tal que la corrupción quede impune y sin sanción conductas que deben ser objeto de castigo. Este principio hace que las campañas para el combate a la corrupción, incluida la retórica figura de los testigos sociales de las licitaciones y compras de los distintos órdenes y niveles de gobierno, cumplan sólo un cometido testimonial para dejar las cosas como están.

De la cúspide a la base puede documentarse cómo el sistema legal genera incentivos perversos para que México sea "un país sin consecuencias negativas". Las leyes de trasparencia han permitido el escrutinio público en ciertos espacios que en el pasado inmediato no existían. También, sin embargo, han dado vida al cinismo de la autoridad que, frente a las pruebas de que las cosas andas mal, no hace absolutamente nada. Muchas denuncias públicas debidamente documentadas, que en un país mediante democrático generarían estupor, indignación y la aplicación inmediata de la ley, en México sólo generan simulación, en actitud que constituye tácita apuesta a la falta de memoria de la comunidad. Peor todavía, los órganos internos de control y las contralorías internas funcionan más para intentar dejar sin rastros el uso indebido de recursos públicos que para ser efectivamente garantes del combate a la corrupción.


El único pecado que no se perdona es la falta de complicidad, dice el adagio de la política mexicana que se aplica -ese sí- con puntualidad. Los órganos internos de control operan inadecuadamente porque han sido creados precisamente para que cumplan sus funciones de manera acotada.

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