REFORMA CONSTITUCIONAL DE TELECOMUNICACIONES. EL MODELO DE ESTADO REGULADOR EN MÉXICO. + EBOOK GRATIS

Editorial:
TIRANT LO BLANCH
Año de edición:
ISBN:
978-84-9190-816-6
Páginas:
219
Encuadernación:
Rústica
Colección:
NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO MEXICANO

Disponible en:

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PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN
1. El entorno previo al cambio constitucional
1.1. La transición jurídica en el sector de las telecomunicaciones
1.2. Defensa jurisprudencial de la autonomía regulatoria
1.3. Recomendaciones de la OCDE
1.4. Pacto por México

2. La reforma constitucional de telecomunicaciones
2.1. Finalidad de la reforma
2.2. Estado constitucional de derecho
2.3. Derechos humanos
2.4. Mecanismos de eficacia
2.5. Libertades positivas
2.6. Tensión entre la garantía de los derechos humanos y el principio de eficiencia regulatoria

3. El modelo de Estado Regulador
3.1. Antecedentes estructurales
3.2. Órganos constitucionales autónomos
3.3. La configuración jurisprudencial del Estado regulador

4. La constitucionalización del sector de las telecomunicaciones
4.1. Rigidez constitucional
4.2. Garantía jurisdiccional de la Constitución
4.3. Fuerza vinculante de la Constitución
4.4. La sobreinterpretación constitucional
4.5. Efectos horizontales
4.6. Interpretación conforme

CONCLUSIONES
FUENTES DE CONSULTA

La reforma constitucional de 11 junio de 2013 trajo consigo la constitucionalización del sector de las telecomunicaciones, al perfi lar a la regulación como una función distinta de la legislativa, administrativa y jurisdiccional, creando una nueva ingeniería constitucional que alteró el entendimiento tradicional del sistema de fuentes de derecho y del principio de división de poderes en el ordenamiento jurídico mexicano.

El libro analiza los efectos de esta nueva ingeniería constitucional bajo el modelo de Estado regulador, identifi cando sus principios rectores conforme a diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales especializados, bajo una doble dimensión (institucional y sustantiva), que se materializa en el robustecimiento de la autonomía del órgano regulador sectorial y en el deber de garantizar el proceso de competencia y libre concurrencia, así como el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.