ORDEN PÚBLICO Y LIBERTAD. (VESTIMENTA, COMUNICACIÓN COMERCIAL Y AUDIOVISUAL, OCIO Y BANDERAS)

Editorial:
ATELIER
Año de edición:
ISBN:
978-84-16652-99-0
Páginas:
382
Encuadernación:
Otros
Colección:
AUTORAL

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I. Introducción

II. la libertad de usar o no determinado tipo de vestimenta

1. Introducción

2. El caso de las azafatas del AVE

3. El asunto de las enfermeras del Hospital de San Rafael de Cádiz

4. Prendas con significado religioso

5. Libertad de desvestirse: los recientes casos de Cataluña, Cádiz y Valladolid

6. Conclusiones sobre la libertad de elegir determinado tipo de vestimenta

III. Libertad y dignidad en el marco de la legislación sobre comunicación comercial y audiovisual

1. Introducción

2. La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad

3. La importancia del soft-law administrativo: algunos ejemplos

4. La publicidad de la prostitución

5. La Comunicación audiovisual

IV. Libertad, ocio y orden público

1. Introducción

2. Los casos del lanzamiento de enanos y del bombero torero

3. De nuevo el ejemplo francés: el reciente caso dieudonné

4. Espectáculos y actividades recreativas en España

5. Nuevas actividades de ocio que pueden afectar al orden público

6. El problema desde la perspectiva del Derecho comunitario

V. Libertades de expresión e ideología, uso de banderas y orden público

1. La bandera estelada

2. La bandera de la Segunda República española

3. Las banderas de los Ejercitos de los Estados Confederados de América

4. Conclusión

VI. Consideraciones finales

La Constitución en su artículo primero proclama la libertad como uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Pese a su papel capital en cualquier sociedad democrática, las Administraciones públicas se han apoyado en el orden público y, más recientemente, en la dignidad de la persona, para justificar medidas de limitación de la libertad. El presente libro aborda cuatro cuestiones (vestimenta, comunicación comercial y audiovisual, ocio y uso de banderas) donde se analiza y observa la extrema dificultad que supone para la autoridad pública el tener que trazar, desde el mundo del Derecho, una frontera coherente entre el debido respeto al citado valor constitucional y la necesidad de preservar la moral pública.