En México, la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia es de vieja data. Pese a ser un país de máxima legislación, la observancia de la ley es mínima, lo que ha derivado en un sistema judicial lento, opaco, inaccesible, obsoleto y, lo más grave: generador de corrupción e impunidad.
Las estadísticas sobre el tema revelan que la mayoría de la ciudadanía desconfía de jueces que, se afirma, son susceptibles de aceptar sobornos, de negociar sus fallos o de actuar con base en favoritismos; de ministerios públicos poco profesionales; de un sistema impartidor de justicia que, en suma, es reducto en el que prevalecen prácticas anacrónicas, donde el formalismo y los tecnicismos jurídicos vuelven ininteligible la tarea de procurar justicia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917 establece las bases y fundamentos del Poder Judicial. En palabras de la magistrada Olga Sánchez de Cordero, éste “representa el guardián indiscutible de nuestra Carta magna, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias tanto entre particulares como entre poderes, generando entre ellos el equilibrio necesario para el sano desarrollo de la vida nacional”. Además de ser la institución específicamente diseñada para hacer respetar derechos y resolver controversias, el Poder Judicial es la última instancia a que la ciudadanía puede recurrir en defensa de los delitos cometidos contra su patrimonio, su honra o su integridad física y moral. Pero, en lugar de encontrar en este poder el apoyo para resolverlas, se dan casos en que el ciudadano común se halla inerme frente a una estructura que le resulta inescrutable, distante, cara y, lo peor, que lo sitúa a la defensiva frente a quien, por mandato constitucional, tiene el deber de defenderlo. Así, la justicia pronta y expedita a que todo mexicano debería tener derecho deviene, en los hechos, principio que no se respeta para nadie.
La percepción negativa va más allá de esto, pues, como apunta el jurista Héctor Fix-Fierro, “la imagen de la justicia en la prensa, la opinión pública o incluso en el medio de la profesión jurídica, es y ha sido, en general, desfavorable y pareciera reflejar una crisis persistente y difundida”. Incluso, desde los propios órganos jurisdiccionales federales se habla del “oscuro panorama” de la justicia, y se advierte que el Poder Judicial federal se enfrenta “al mayor descrédito popular de su historia”, refiere por su parte el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Gógora Pimentel.
