DIAZ SOLIMINE OMAR LUIS
La presente edición constituye, fundamentalmente, una actualización de la anterior. Se hace necesaria no sólo por la dinámica propia del derecho como ciencia aplicada a esta materia, sino porque a partir de la entrada en vigencia de la ley 25.488, este instituto estrechamente vinculado al acceso a la justicia -y de indudable raigambre constitucional- ha sufrido ciertas modificaciones.
Así podemos enunciar las facultades de contralor otorgadas al representante del fisco en orden a la recepción y producción de la prueba. A tal efecto, la Dirección General Impositiva reviste calidad de parte en dicha petición, conservando en su poder la posibilidad de controlar la prueba ofrecida antes de que ésta se produzca (art. 80, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación).
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