POPULISMO PENITENCIARIO - 1.ª ED. 2023

PRÓLOGO DE JOSÉ DANIEL CESANO
SOBRE EL AUTOR
ABREVIATURAS

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO II
SOBRE EL FIN DE LA PENA Y EL FIN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

CAPÍTULO III
EL CONTENIDO DE LA NORMATIVA JURÍDICA APLICABLE EN ARGENTINA RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

CAPÍTULO IV
LA NECESARIA APERTURA METODOLÓGICA Y EL ADELANTO DE ALGUNAS REFLEXIONES PROVISIONALES SOBRE EL FIN DE LA LEY 27.375

CAPÍTULO V
LAS DISTINTAS REFORMAS DE LA LEY 27.375
§ 1. Introducción
§ 2. Reformas de la ley 27.375 orientadas a alcanzar el objetivo explicitado por los legisladores en orden a garantizar la seguridad ciudadana, principalmente mediante el cumplimiento total de la pena intramuros
§ 3. Reformas de la ley 27.375 orientadas a alcanzar otros objetivos

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

El libro se estructura en seis capítulos. En el primero, de contenido propedéutico, el autor nos precisa el objeto de su indagación, el que no es otro que analizar las reformas introducidas en nuestro ordenamiento jurídico por la aludida ley 27.375, con el propósito de desentrañar si ellas inciden —favorable o desfavorablemente— en el programa constitucional y legal que orienta la ejecución de la pena privativa de la libertad.

En el capítulo segundo, Arocena, tras mostrar el descuido de nuestra academia hacia los estudios de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito —valoración con la que coincido— escruta la delicada cuestión de los fines de la pena y de su ejecución, poniendo énfasis en la necesidad que, para esta faena, se consulte inexorablemente el programa constitucional —notablemente enriquecido, a partir de la reforma constitucional de 1994, por la incorporación de los pactos internacionales que refiere el 824182 art. 75, inc. 22, CN— y soft law, conformado con los instrumentos internacionales no contractuales (v. gr., ReglasdeMandela), los cuales le adscriben a la prisión una finalidad preventiva especial positiva, a saber: lograr la readaptación social del condenado.

En el tercer capítulo el autor explicita cuáles son los principios que se derivan del programa constitucional (humanidad; reforma y readaptación social; respeto debido a la dignidad humana; proscripción de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y prohibición del trabajo forzoso u obligatorio del interno); poniendo énfasis en el impacto que tienen también, sobre esta materia, las reglas emanadas del ya aludido soft law, que deben tenerse como complementarias de las normas convencionales; así como los ideales regulativos que estableció la ley 24.660 (principios de reinserción social; reserva; control jurisdiccional permanente; régimen progresivo, con tratamiento interdisciplinario, programado e individualizado; igualdad; respeto a la dignidad del interno; democratización; y no marginación).

En el capítulo cuarto Arocena explicita la necesidad que las indagaciones normativas se conjuguen con una apertura metodológica, enfatizando aquí la importancia del análisis crítico del discurso, con sus herramientas interdisciplinarias, gesto metodológico de especial interés en el tema analizado dado que, en la génesis, elaboración y aprobación de la ley 27.375 hubo un impacto muy fuerte de los medios masivos de
comunicación.

En el capítulo quinto, el autor realiza un prolijo análisis de las distintas reformas que introdujo la ley examinada, clasificando las mismas entre aquellas enmiendas que se orientaron a satisfacer el objetivo de seguridad ciudadana, especialmente mediante el cumplimiento total de la pena intramuros; y aquellas reformas tendentes a alcanzar otros objetivos, tales como el interés de la víctima del delito (p. ej., art. 11 bis); determinación de las fases o etapas que integran el tratamiento (art. 14), evitando la disparidad normativa derivada de nuestro federalismo, con su riesgo para la igualdad; y apuntalar el ideal resocializador (art. 56 ter).

En el último capítulo, Arocena sintetiza las diversas conclusiones a las que arriba a partir de su profunda investigación. Con equilibrio, el autor reconoce algunos aspectos positivos en la reforma, los que se vinculan con aquellas enmiendas que respondieron a intereses no securitarios. Sin embargo, el balance respecto de la ley es altamente desfavorable, pues —en palabras de Arocena—, “aunque acierta en determinadas modificaciones al ordenamiento jurídico-penal argentino, adolece de vicios genéticos o de origen y da lugar a problemas de legislación sistemáticos que perjudican su legitimidad”.