MIRANDA REYES, DIEGO ALFONSO
Agradecimientos
Introducción
I. Situación actual de la regulación
I.1. Regulación. Consideraciones sobre su noción
I.2. Breve evolución histórica de la regulación
I.3. Chile en el contexto del derecho de la regulación
II. Lugar de la potestad sancionatoria en el ámbito de la regulación
II.1. Actualidad de la sanción administrativa. Su vinculación con el concepto de regulación
II.2. Importancia de la sanción administrativa en el panorama actual. En que se distingue de las restantes variantes de intervención
III. El ámbito del deber ser: sanción administrativa desde las fuentes del derecho. Principio de legalidad
III.1. Fundamentos de la sanción administrativa. Respuestas desde la Constitución Política
III.2. Sanción y Constitución Política. Enfoque desde las fuentes del Derecho
III.3. Principio de legalidad en la sanción administrativa
IV. El ámbito del ser: sanción administrativa y el Tribunal Constitucional
Conclusiones
Bibliografía
Anexos
Anexo 1: Atribuciones normativas, sancionatorias y control respecto de las superintendencias y otros órganos similares.
Anexo 2: Referencia a experiencias internacionales en la creación de las superintendencias y otros órganos, o en sus modificaciones posteriores".
La presente investigación busca analizar y comprender, en una visión de conjunto, el fenómeno de la sanción administrativa en un contexto regulatorio, con especial interés en una de las garantías que se predican existente respecto a ella. Nos referimos al principio de legalidad. Esta tarea se abordó desde la premisa que, no obstante su actualidad, los fundamentos de la sanción y de la regulación en su ideario original, como de sus elementos integrantes, no se condicen y concilian necesariamente con los predicados que justifican la intervención de dichas actividades en el escenario actual.
De la conjunción de lo anterior a otros elementos que se desarrollan a lo largo de este trabajo, se postula que el entendimiento de la sanción administrativa, en general, y del principio de legalidad, en particular, deben recibir una revisión crítica de parte de los órganos convocados a darle efectividad en nuestro sistema jurídico, evitando, de esta manera, perpetuar soluciones que conducen, a nuestro juicio, a inconsistencias lógicas en nuestro ordenamiento jurídico y que, por el contrario, propicien respuestas que resulten satisfactorias al tiempo y lugar en que
reciben aplicación, nutriéndolo de coherencia y, por esta vía, de legitimidad al obrar regulador y sancionador estatal.
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