PRINCIPIO PRO HOMINE VS. RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES - 1.ª ED. 2014, 2.ª REIMP. 2021

Presentación

Nota preliminar

Anexos Bibliografía

El libro se inserta en contexto de la compleja evolución democrática de los Estacas latinoamericanos, en donde se plantea la dramática Paradoja consistente en que el "deber ser del constitucionalismo democrático coexiste con el “ser” de la actuación pública que emite actos, tolera emisiones e introduce en el ordenamiento jurídico facultades y restricciones esencialmente autoritarias, lo cual en clave jurídica, parece ser una de las muchas razones por las cuales se ha calificado al Estado mexicano como democracia autoritaria. De manera paulatina y a través de los diversos artículos que lo componen, el libro plantea, centralmente, que cuando se pretenda ejercer autoritarismo en actos y leyes secundarias, uno de los remedios jurídicos disponibles para las personas es el control judicial de los actos y normas derivados de los órdenes jurídicos secundarios (federal, local, del DF y municipal), por ejemplo a través del juicio de amparo, lo que tiende a producir su anulación cuando menos en el Caso concreto. Sin embargo, esta situación resulta especialmente grave e impune cuando en la propia Constitución existen facultades y restricciones autoritarias (por ejemplo, la constitucionalización del arraigo penal)

El autor plantea que la Constitución está diseñada como un constructo integral de control de poder, por lo cual sería una contradicción lógica que el Poder Revisor constitucionalizadora espacios de impunidad para el ejercicio arbitrario de la actuación pública, especialmente a partir de la incorporación del principio pro domine o pro persona en la Norma Suprema y en los Tratados Internacional, para lo cual se discute a la luz de la jurisprudencia de la SCJN si una de las virtudes de dicho principio consiste en que podría operar como sistema de control frente al propio orden jurídico constitucional, de manera que podría erigirse como un mecanismo complementario evolutivo y de perfeccionamiento del Estado de derecho, específicamente del control constitucional y convencional de toda la actuación pública.