EVIDENCIA DIGITAL EN EL PROCESO PENAL - 1.ª ED. 2023, REIMP. 2025

Capítulo I
El derecho a la confidencialidad y la integridad de los sistemas informáticos
§ 1. Introducción
§ 2. El concepto de privacidad en la sociedad de la tecnología
§ 3. El derecho a la privacidad frente a las injerencias arbitrarias regulado en el art. 8.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Capitulo II
Delitos contra la intimidad y la privacidad. Acceso indebido a comunicaciones electrónicas, datos sensibles y sistemas informáticos
§ 4. Introducción
§ 5. El marco constitucional de la tutela del ejercicio
de la libertad
§ 6. El delito de acceso ilegitimo a una comunicación electrónica
§ 7. El acceso ilegítimo de comunicaciones electrónicas en el ámbito laboral
§ 8. El delito de acceso no autorizado a un sistema o dato informático
§ 9. El delito de publicación abusiva de correspondencia
§ 10. El delito de revelación de secreto oficial y datos informáticos
§11. Conclusiones

Capítulo III
Medidas de investigación electrónica en el proceso penal
§ 12. Introducción
§ 13. Concepto de derecho penal informático
§ 14. Inspección y vigilancia electrónicas (Durchsuchung, § 102 a § 110 del Código Procesal Penal alemán)
§ 15. Almacenamiento temporario de comunicaciones
§ 16. Videovigilancia y supervisión electrónica
§ 17. Vigilancia electrónica aplicada como medio sustitutivo al encierro
§ 18. Pedido de información a los proveedores de servicio de Internet en el marco del proceso penal
§ 19. Almacenamiento y tratamiento de datos relativos al procedimiento penal y registro de condenas por delitos sexuales
§ 20. ¿Qué queda en pie del derecho a la privacidad?
§ 21. Conclusiones

Capitulo IV
Interceptación y monitoreo de comunicaciones telefónicas y telemáticas
§ 22. Introducción
§ 23. La aplicación analógica negativa en materia de interceptación de comunicaciones telemáticas
§ 24. Requisitos procesales para la interceptación y monitoreo de actividades telemáticas
§ 25. Conclusiones

Capitulo V
Protección de datos asociados (metadatos) a la dirección ip en el proceso penal
§ 26. Introducción
§ 27. El caso Benedik vs. Eslovenia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
§ 28. Identificación de la dirección IP y el derecho a la privacidad
§ 29. La importancia de la identificación de la dirección IP para la investigación judicial
§ 30. Conclusiones

Capítulo VI
La requisa y el examen sin autorización judicial de datos personales almacenados en dispositivos celulares
§ 31. Introducción
§ 32. La decisión de la Corte Suprema de Justicia norteamericana sobre la tutela efectiva de los datos personales almacenados en un teléfono celular de una persona detenida
§ 33. Conclusiones

Capitulo VII
Geolocalización como medio de investigación forense
§ 34. Introducción
§ 35. La geolocalización y el derecho a la privacidad ... 212 § 36. El GPS (Global Position System)

Capítulo VIII
El uso de drones en la investigación forense y el derecho a la privacidad
§ 37. Introducción
§ 38. El uso de drones en la jurisprudencia nacional
§ 39. Conclusiones

Capitulo IX
Desbloqueo coactivo de datos biométricos y nemo tenetur se ipsum accusare
§ 40. Introducción
§ 41. Análisis de los fundamentos de la resolución en estudio
§ 42. ¿Los datos almacenados en un dispositivo electrónico están amparados por el derecho a la intimidad?
§ 43. La necesidad de la regulación de la evidencia digital
§ 44. Desbloqueo coercitivo del celular del acusado
§ 45. Conclusiones

Capitulo X
Violencia de género y acceso ilegal al correo electrónico de la víctima
§ 46. Introducción
§ 47. Los hechos
§ 48. La sentencia del TEDH en materia de violencia de género, en especial respecto del acceso ilegal al servicio de mensajería de la victima
§ 49. El acceso ilegal al sistema de mensajería electrónica de la victima como reflejo de la dominación del excónyuge
§ 50. Los mensajes y archivos de audio como prueba directa de la existencia de violencia de género
§ 51. El acceso ilegal en el contexto de procesos de divorcio y despidos laborales
§ 52. Conclusiones

Capitulo XI
Finalidad político-criminal del delito de intrusismo informático y la necesidad del ejercicio de la acción privada para su persecución
§ 53. Introducción
§ 54. Fundamentos de la resolución en comentario
§ 55. El delito de intrusismo informático en la legislación penal argentina
§ 56. Análisis crítico de los fundamentos de la resolución
§ 57. Conclusiones

Capitulo XII
El uso de malware en la investigación penal
§ 58. Introducción
§ 59. El uso de malware en la investigación judicial
§ 60. Conclusiones

Capítulo XIII
Agente encubierto informático
§ 61. Introducción
§ 62. El agente encubierto
§ 63. Constitucionalidad de la figura del agente encubierto
§ 64. Ambito de aplicación de la figura del agente encubierto
§ 65. El principio de irresponsabilidad penal del agente encubierto
§ 55. Limitaciones a la actuación del agente encubierto
§ 67. El agente encubierto como testigo

Se presenta al público en general una investigación que se desarrolló en los últimos años y que puede ser considerada la extensión natural de nuestro primer libro sobre la materia de cibercriminalidad editado en 2017, pero, a diferencia de este, nos ocupamos ahora de analizar los principales escollos que se presentan en el proceso penal con la evidencia digital y sus más variadas técnicas de investigación judicial.

En este sendero, hemos tratado el problema fundamental de la anomia reinante en nuestro sistema jurídico sobre la evidencia digital y su valoración probatoria, siendo justo mencionar que esta cuestión no es ajena a otras áreas del derecho como lo confirma la secuencia de fallos en materia civil, comercial, laboral, administrativa y otros que se abocaron a la interpretación de las normas procesales frente al avance implacable de la tecnología aplicada al servicio de justicia. Si hace unos años atrás el teletrabajo, el expediente virtual, la audiencia online y la aplicación de inteligencia artificial al proceso en su conjunto aparecían como piezas sueltas de un cuento de ficción, en la actualidad ya no se discute de manera seria las ventajas que aportan los medios telemáticos para simplificar la siempre vituperada administración de justicia y menos aún en la vida cotidiana.

Una apretada síntesis sobre los problemas cardinales que atraviesa el proceso penal frente al desafio de la criminalidad informática, superada la ubicuidad de su comisión, el solapamiento de distintas jurisdicciones que concurren a la sanción
de la criminalidad en Internet (Internetkriminalität), que se cristaliza en formas variadas y que recibe motes distintos, lo constituye principalmente la falta de una regulación específica. En lugar de eso, los operadores judiciales aplican la analogía de normas procesales que regulan los derechos judiciales para superar la anomia imperante, pero sin detenerse a pensar cómo se conjugan los principios de legalidad, interpretación restrictiva y prohibición de la analogía in malam partem en la aplicación de las normas procesales convencionales que resultan estériles para abarcar la nueva dimensión digital.

Nuestro país ratificó mediante la ley 27.411 el Convenio sobre Cibercrimen suscrito en Budapest en el año 2001, las metas fijadas en ese instrumento internacional se han satisfecho de manera parcial, ya que si bien es cierto que nuestra ley penal cuenta en su arsenal con dispositivos que sancionan las conductas disvaliosas en el medio informático y que vulneran los nuevos intereses juridico-penales constituidos por la integridad, la confidencialidad y el funcionamiento de los sistemas que integran la compleja red de redes, su mundo dinámico y muchas veces distópico, resta aún abordar el déficit de ejecución que se manifiesta en la ausencia de normas procesales reglamentarias de los derechos y garantías constitucionales orientadas hacia esta moderna expresión de criminalidad.

Sin embargo, la criminalidad moderna no se limita a expresiones disocíales en las redes sociales, sino que la técnica y los medios de investigación en el proceso penal han extendido sus fronteras al espacio digital, lo que presenta un campo fértil para la comprobación del pulso del proceso de armonización de los textos constitucionales y de los tratados y convenios internacionales en el ámbito de la protección de los derechos humanos a esta nueva realidad totalizadora.