BENÍTEZ PINEDO, JORGE MARIO / BERMÚDEZ ALARCÓN, KATERINE
PRESENTACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
ACCIÓN DE TUTELA PARA LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA POR DEBILIDAD MANIFIESTA POR SALUD
I. Principales aspectos de la reglamentación de la tutela
A. Requisitos de procedencia de la tutela
1. Subsidiariedad
a. Medio judicial eficaz e idóneo
b. Perjuicio irremediable
c. ¿Improcedencia por daño consumado y por hecho superado?
B. Tutela contra sentencias
II. Principio de estabilidad para las personas en condiciones de debilidad manifiesta por salud
A. Ineficacia del despido o la terminación del vínculo
B. De la estabilidad laboral a la estabilidad ocupacional
1. Requisitos de procedencia: procedencia diferencial
2. Requisitos de procedencia del amparo
CAPÍTULO SEGUNDO
LA AUTORIZACIÓN DE DESPIDO O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE UN TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O DEBILIDAD MANIFIESTA POR SALUD
I. La competencia del Ministerio del Trabajo
II. La actuación administrativa adelantada ante el Ministerio del Trabajo
III. El acto administrativo que resuelve la solicitud de autorización de despido o terminación del contrato
IV. Las causales de ilegalidad de los actos administrativos
A. Infracción de las normas superiores
B. Incompetencia
C. La expedición irregular
D. El desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa
E. La falsa motivación
F. La desviación de poder
V. El control de legalidad de los actos administrativos
A. Nulidad
B. Nulidad y restablecimiento del derecho
VI. El control judicial del acto administrativo que niega el despido de un trabajador en situación de discapacidad o debilidad manifiesta por salud
CAPÍTULO TERCERO
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL
I. Error judicial
A. Concepto
B. Requisitos
C. Trámite
II. Configuración de la responsabilidad estatal
A. El daño
B. Imputación
III. Responsabilidad por error judicial en los casos de debilidad manifiesta por salud
A. Responsabilidad por conceder una acción de tutela que no cumple con los requisitos de procedibilidad
B. Responsabilidad por conceder la protección laboral reforzada cuando no se cumplen los requisitos para que opere
C. Eximentes de responsabilidad
D. Indemnización de perjuicios
CAPÍTULO CUARTO
DESCRIPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS A PARTIR DE LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA Y PROPUESTAS
I. Alternativas para el empleador frente a la negativa del Ministerio de autorizar el despido
II. Creación de un fondo solidario de integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos
III. Necesidad de una sentencia de unificación
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
RELACIÓN DE SENTENCIAS ANALIZADAS
La Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial en la cual desarrolla el concepto de debilidad manifiesta por salud y la protección que los empleadores deben darles a los trabajadores que se encuentren en esta situación, en el sentido de garantizarles una estabilidad ocupacional reforzada. Sin embargo, a pesar de que se han establecido los requisitos para que opere dicha estabilidad, en la práctica judicial ocurre que algunas decisiones los pasan por alto y conceden el amparo a trabajadores cuya condición de salud no les impide o dificulta cumplir su trabajo, generando un uso desproporcionado de esta figura e incluso una posible responsabilidad del Estado por error judicial. De igual forma, estos excesos en las decisiones de los jueces causan inseguridad jurídica y afectan a quienes, pese a estar enfermos, pueden trabajar, pues algunos empleadores prefieren no contratarlos para evitar en el futuro tener que asumir dicha estabilidad.
Por tal motivo se llevó a cabo esta investigación jurídica, en la que se plantean alternativas constitucionales equitativas para promover la unificación de los criterios de aplicación práctica de la estabilidad ocupacional reforzada, se establecen los casos en los que el Ministerio del Trabajo debe autorizar las terminaciones de contrato por razones objetivas, se evidencian las razones por las que hay responsabilidad del Estado por error judicial cuando se concede la estabilidad ocupacional reforzada sin que se cumplan los requisitos previstos en la jurisprudencia y, en consecuencia, hay un deber de reparación de perjuicios a su cargo y se propone un mecanismo que permita que este cumpla con su obligación constitucional de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y garantice con sus recursos la reinserción laboral de quienes padecen determinadas afecciones de salud.
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