MÍNGUEZ ZAFRA, JUAN ENRIQUE
Prólogo
1. Regulación de la diligencia de entrada y registro
2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental
3. El domicilio
3.1. Concepto de domicilio
3.2. Aplicabilidad del concepto de domicilio a las personas jurídicas
3.3. Montes o terrenos forestales
3.4. Local
3.5. Coche
3.6. Habitación de hotel
3.7. Establecimiento de hostelería y almacén
3.8. Parcela inhóspita
3.9. Trastero y garaje
3.10. Registro penitenciario
3.11. Residencia militar
4. Supuestos en que está permitida la entrada en domicilio
4.1. Consentimiento del titular
4.2. Delito flagrante
4.3. Resolución judicial
5. Cuestiones relacionadas con la práctica de la diligencia de entrada y registro
5.1. ¿Quién ha de estar presente en la diligencia de entrada y registro? El interesado
5.2. ¿Es necesaria la asistencia del letrado defensor a la diligencia de entrada y registro?
5.3. Asesoramiento del letrado defensor previo a la entrada y registro
5.4. Cuestiones relacionadas con la presencia del Letrado de la Administración de Justicia en la diligencia
5.5. Error en el domicilio registrado
5.6. Registro de una habitación de un compañero de piso
5.7. Duración de la diligencia: interrupción de la actuación
5.8. Duración de la diligencia: excede del límite señalado en la resolución que la habilita
5.9. Cuestiones relacionadas con el acta
5.10. Hallazgo casual
6. Valor de la prueba obtenida con la diligencia de entrada y registro
6.1. Prueba obtenida y desarrollada conforme a derecho
6.2. Prueba obtenida y/o desarrollada de forma ilegal
Esta obra, fruto del interés profesional en la materia,
tiene por objetivo divulgar y aclarar la figura, tan
controvertida, de las entradas y registros en el orden
jurisdiccional penal.
La entrada y registro, tan presente en la instrucción penal, está íntimamente unida a los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal, protegidos por el artículo 18 de la Constitución Española. A pesar de la importancia de dichos derechos, la regulación que se hace en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es, en algunos casos, un
tanto oscura y escasa. Es por esto que ha sido objeto
de estudio y desarrollo en muchas ocasiones por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional. Esto ha dado como fruto una multitud
de criterios que abarcan desde el concepto de domicilio, hasta el efecto que tiene que tener en el proceso la práctica de una prueba irregularmente desarrollada (al estar vinculada con el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 24 de la Constitución).
Por ello, este libro pretende, desde un punto de vista
totalmente objetivo, sistematizar todos los criterios
que se han dado por ambos tribunales para una mejor
y más fácil manejo de la misma.
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