DECISIONES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, LAS

Introducción

I. INTRODUCCIÓN

II. EL PROCESO PENAL

2.1. Los fines del sistema represivo

2.2. La coerción procesal

2.3. Perspectiva desde los derechos individuales

III. CONSTITUCIÓN - GARANTÍAS

IV. EL PODER LIMITADO DEL ESTADO

V. EL RESPETO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

VI. LA FUNCIÓN ESTATAL DE SUSTANCIAR LOS PROCESOS

VII. EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO BASE SUSTANCIAL DEL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO

VIII. LOS ESPECÍFICOS ROLES DE CADA PARTE DEL PROCESO

IX. LA JURISDICCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS

X. LA NECESARIA IMPARCIALIDAD JUDICIAL

XI. EL PRINCIPIO DE INOCENCIA

XII. LA DINÁMICA TEMPORAL DEL PROCESO PENAL

XIII. LA ESENCIA DEL PROCESO PENAL Y SU RELACIÓN CON LA PRIVACIÓN CAUTELAR DE LA LIBERTAD

13.1. Libertad del imputado en el proceso penal

13.2. La naturaleza cautelar de la privación de la libertad

13.3. La fundamentación de la detención preventiva

13.4. Estructura y fines de las medidas cautelares

13.5. Criterios de implementación

13.6. Naturaleza cautelar de la prisión preventiva

XIV. PRINCIPIOS QUE DELIMITAN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

14.1. El principio de proporcionalidad

14.2. El principio favor libertatis

14.3. El principio pro homine

XV. LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAR LA PRISIÓN PREVENTIVA

XVI. LA PELIGROSIDAD PROCESAL, ÚNICA RESTRICCIÓN COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

XVII. EL PRETENDIDO CONFLICTO DE SEGURIDAD. GARANTÍAS

XVIII. MOMENTOS DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL

18.1. La limitación de la potestad coercitiva

18.2. El derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad

18.3. La ley 24.390, reglamentaria del plazo máximo de duración de la prisión preventiva

18.4. La entidad de la pena amenazada

18.5. La lesión al estado de inocencia

18.6. La probable afectación a la imparcialidad de los jueces

18.7. La sustanciación del proceso en tiempo razonable

XIX. ACTOS PROCESALES. CONFORMACIÓN Y VALIDEZ DEL PROCESO

19.1. Nulidades procesales. Concepto. Función

19.2. Formas procesales. Concepto. Clasificación

19.3. El efecto y la invalidación procesal

19.4. Casos de prueba ilegal

19.5. Conjura al incumplimiento formal por el órgano jurisdiccional y las partes

19.6. Saneamiento. Convalidación. Nulidad

19.7. La nulidad como garantía constitucional. Conceptos y funciones

19.8. Clasificación de las nulidades

19.9. Inadmisibilidad. Inexistencia. Simple inobservancia

19.10. El retrotraimiento del proceso a etapas superadas

XX. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

20.1. La carga de la prueba

20.2. La libertad probatoria

20.3. El sistema de valoración de la prueba

20.4. Las prohibiciones probatorias

20.5. Prueba obtenida ilegalmente. Valor probatorio y nulidad

20.6. El principio in dubio pro reo

20.7. La prueba de indicios

20.8. La valoración de los indicios

XXI. SENTENCIA FUNDADA

21.1. La motivación

21.2. La fundamentación de los autos y de los decretos

21.3. Los requisitos propios de la sentencia

21.3.1. El día, el lugar y la identificación del proceso

21.3.2. El objeto para decidir y las peticiones de las partes

21.3.3. La decisión y su motivación

21.3.4. La firma del juez

XXII. LA RAZONABILIDAD DE LA DECISIÓN

XXIII. METODOLOGÍA DEL ENJUICIAMIENTO

XXIV. LÓGICA JURÍDICA

XXV. VICIOS ARGUMENTALES

XXVI. LA DOCTRINA DE LA ARBITRARIEDAD

XXVII. EL DERECHO A RECURRIR EL FALLO CONDENATORIO

Resulta innegable la afectación de derechos individuales durante la sustanciación del proceso penal, que siempre tiene carácter irreparable cuando involucra a la libertad individual, la intimidad o la propiedad y, a su vez, el severo padecimiento que significa afrontar un pleito penal, debido al estado de incertidumbre y de ansiedad que genera a los involucrados la posibilidad de hacerse acreedor de una sentencia de condena, desconociendo además la cantidad de tiempo de duración y su modalidad de cumplimiento, todo lo cual requiere una respuesta eficiente y atenta del órgano destinado a sustanciarlo, así como también de todos sus actores.

En tal dirección, debemos tener en cuenta que un postulado fundamental de nuestro sistema jurídico vigente es que el poder penal no puede ser ejercido sin limitaciones ni contralores, afirmación que encuentra fundamento en el hecho de que el proceso penal interviene sensiblemente en el ámbito de derechos de quien, posiblemente, es culpado de manera injusta, dado que a todo evento debe respetarse el carácter intrínseco de la dignidad humana, así como su intimidad y todos los atributos de su persona, razón por la cual los objetivos punitivos no pueden cumplirse a cualquier precio, es decir, desvirtuando la vida del ser humano al ponerlo al servicio de la administración de justicia.

Pero un programa racional de limitaciones, para que el poder penal no se convierta en instrumento del sometimiento político, solo aparece cuando se expresa la sentencia que nos coloca a todos en posición de igualdad frente a la ley (art. 16, CN) y nos permite ejercer nuestra influencia para formar la voluntad de la ley (art. 18, CN). Desde allí en adelante, con la creación del Estado de derecho se declara una serie de derechos y garantías que intentan proteger a los individuos, miembros de una comunidad determinada, contra la utilización arbitraria del poder penal del Estado.

Es que el requisito del juicio previo que la CN nos impone en su art. 18, en tanto enfáticamente expresa que resulta “inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, importa el correcto ejercicio del derecho a la jurisdicción, el impulso fiscal necesario, su contralor mediante una actividad defensiva eficiente y el acceso a la tutela judicial efectiva en un plazo razonable mediante la independiente actuación de todas las autoridades públicas intervinientes.