La relación entre la propiedad intelectual (PI) y las disciplinas que regulan la competencia ha atraído cada vez más atención, en particular, como resultado de la expansión y el fortalecimiento de la protección de la PI a escala global. Mientras que la legislación en materia de PI somete deliberadamente un activo intelectual al control exclusivo de los titulares del derecho, el derecho de la competencia procura evitar las barreras de mercado y beneficiar a los consumidores alentando la competencia entre una multiplicidad de proveedores de bienes, servicios y tecnologias. Ocuparse de una relación de esta naturaleza impone, a los responsables del diseño de políticas, desafios analíticos de carácter único (Kovacic, 2005, p. 2).
Tales desafios conllevan una particular complejidad en los países en desarrollo, la mayoría de los cuales cuenta con escasa tradición, si acaso la tienen, en la aplicación de políticas y leyes en materia de competencia. De hecho, en la mayoría de estos países los DPI se han ampliado y fortalecido en ausencia de un cuerpo de legislación operativo en materia de competencia, contrariamente a lo que sucede en los países desarrollados, en los cuales se han introducido mayores niveles de protección de la PI dentro de contextos normativos que brindan sólidas defensas contra prácticas anticompetitivas.
