La lucha contra el lavado de activos, como una expresión de la criminalidad organizada, ya no es vista como un fenómeno coyuntural, sino como un ataque a los diferentes campos de actuación social. La complejidad que presenta esta realidad criminal, en sus versiones más recientes, dificulta notablemente su erradicación. Los mecanismos tradicionales del control penal ya no son suficientemente eficaces. Por ello, se hace imprescindible reorientar las soluciones o estrategias de lucha a un nivel multidisciplinario (medidas legislativas, preventivas, policiales, represivas penales, procesales, una adecuada política institucional y la concientización social), pero sobre todo armonizando las medidas que se adopten en un contexto internacional con la mayor homogeneidad posible, en relación al respeto de los principios limitadores del poder penal. Las diversas modalidades típicas del delito de lavado de activos, o, según otra denominación, blanqueo de capitales o fondos, han experimentado en las últimas décadas sucesivas ampliaciones en las legislaciones de los diversos países que plantean un sinnúmero de problemas dogmáticos-penales, político-criminales y procesales.
