Del binomio formado por los recursos y los gastos públicos, los primeros han concentrado mayormente la atención de la doctrina jurídica, como lo demuestra la valiosa colección de tratados sobre derecho tributario que atesoran nuestras bibliotecas públicas. Salvo algunas excepciones, los estudios jurídicos sobre los gastos públicos han sido relegados a unos pocos capítulos en las obras generales sobre finanzas públicas. En ellas, la cuestión es generalmente abordada desde dos puntos de vista. El primero es el estrictamente financiero, desde el cual se clasifican los gastos según su necesidad, utilidad y recurrencia, o se miden sus efectos sobre la economía. El segundo es el jurídico-constitucional, que se concentra en las funciones presupuestarias del Poder Legislativo; es decir, en la fijación del presupuesto y en el control de la cuenta de inversión. Ambos enfoques, sin embargo, subestiman la etapa de ejecución propiamente dicha; como también lo hacen los tratados sobre contratos administrativos, en los que la autorización para gastar está presupuesta y de ella casi no se habla.
En esta obra, en cambio, me propuse examinar pormenorizadamente el régimen jurídico de los gastos públicos federales, de acuerdo a los siguientes lineamientos. En primer lugar, no está enfocada en los aspectos contables ni financieros, sino en los juridicos. En segundo lugar, su unidad de análisis no es el presupuesto, sino el gasto individualmente considerado. En tercer lugar, se concentra en la capa intermedia de l fenómeno jurídico.
