La dinámica del ejercicio del poder punitivo del Estado, desde finales del siglo pasado y más acentuadamente en los últimos años, se inclinó decididamente por la búsqueda de la eficacia en la investigación y represión de los delitos complejos. En ese marco, la figura del agente encubierto -un funcionario del Estado infiltrado en las organizaciones criminales para obtener información eficaz para desbaratarlas- ha sido una de las herramientas predilectas.
Los esfuerzos por justificar su empleo en un Estado de Derecho, respetuoso de las garantías constitucionales, encuentran serios reparos desde el punto de vista conceptual pero también desde el punto de vista político criminal. En primer lugar, que un funcionario participe de la comisión de ilícitos -y resulte impune- ya plantea objeciones éticas de difícil justificación. La necesidad, tantas veces invocada en apoyo de este tipo de herramientas, no siempre alcanza para legitimar su empleo. Más aún en los tiempos que corren, donde la tecnología y la cibernética ofrecen herramientas de seguimiento y observación hasta hace poco tiempo inimaginables, que permiten a los investigadores obtener información de calidad sobre el comportamiento criminal de las organizaciones. Pero tampoco debe perderse de vista el peligro que implica -desde el punto de vista político-criminal- exponer a funcionarios del Estado al riesgo corruptor de estas organizaciones criminales, riesgo que puede revertir en perjuicio del propio Estado y en el éxito de la investigación.
El trabajo de Facundo Hertler, un jurista joven, inquieto y estudioso, bucea en los límites constitucionales que encuentra la incorporación de la figura del agente encubierto en el Derecho argentino. Sobre el fondo de un paradigma respetuoso de los derechos individuales, la investigación aborda este tema con referencias a la doctrina y la jurisprudencia producida en torno de esta figura, e interpela al saber penal sobre la discusión -nunca acabada- entre eficacia y garantías. Mientras los juristas nos debatimos sobre este dilema, el crimen organizado avanza a un ritmo vertiginoso y nos obliga a replantear métodos, estrategias, discursos y prácticas, en una realidad compleja donde el Derecho penal debe tratar -aunque parezca una ilusión- de que haya menos muertes, en un mundo dominado por el egoísmo y la búsqueda del beneficio y el poder, cualquiera sea el precio que haya que pagar.
