Hasta hace no hace mucho tiempo, poco sabíamos acerca del denominado "lawfare". Era una palabra que nada nos decía. Ahora, en cambio, su utilización en la política es creciente. Cada vez con más intensidad se la menciona, tanto en nuestro país como en la región, como vinculada a las causas seguidas por presuntos delitos de corrupción contra exfuncionarios.
Hay acuerdo entre los autores en que las primeras apariciones del término se relacionan con el abuso del derecho internacional para obtener objetivos militares, según la conocida definición del general estadounidense Charles Dunlap. Luego del atentado contra las Torres Gemelas en 2001 y de la sanción de la Patriot Act, que legitimó incluso la aplicación de torturas a los detenidos para obtener información, se multiplicaron las denuncias de quebrantamiento a las normas del derecho internacional y las quejas acerca de que ese proceder constituía una utilización espuria del derecho para deslegitimar y atacar al enemigo. Lo propio ocurrió con otros conflictos armados.
Pero del ámbito militar y del derecho internacional el lawfare, una contracción de law (ley) y warfare (guerra) que podría traducirse como guerra jurídica, se trasladó a la política de la región.
