La arista del crimen organizado internacional vinculada con el tráfico de armas es una problemática que ya viene siendo objeto de preocupación y de acción por parte de múltiples países que han adaptado sus normas a los convenios mundiales que se han suscripto para enfrentar la situación, lo que constituye el objeto central de análisis de esta obra.
En el plano local, la Argentina registra una deuda con la comunidad internacional y, lo que es peor, con sus propios habitantes, que ya supera los veinte años, al no haber tipifi-
cado el delito de trófico nacional e internacional de armas de fuego. Este deber se asumió al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional y sus Protocolos, específicamente el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones. A esto se suma
que su ley de armas interna, proclamada durante un gobierno dictatorial, así como su decreto reglamentario de hace más de cincuenta años, han quedado obsoletos debido al avance de las nuevas tecnologías.
El contexto de la criminalidad organizada, e incluso de los delitos marginales violentos, suele asociarse con el narcotráfico y la corrupción estatal y privada. Sin embargo, se soslaya que los lesionados y los muertos, por el progresivo incremento delictual, son consecuencia del uso de armas, mayormente ilícitas, y todos estos fenómenos se encuentran interconectados. Este aspecto, además, suele quedar relegado en las investigaciones penales, que se limitan a determinar si la tenencia o la portación de armas es de origen prohibido. Pocas veces se profundiza en su trazabilidad para determinar si el origen de estas armas se vincula con el crimen organizado y, en definitiva, con una industria delictual silenciosa, oculta e impune, que se dedica a obtenerlas y colocarlas en manos de los criminales. Tampoco existen en el país estadísticas fiables que permitan conocer los orígenes y el verdadero alcance del problema.
El resultado de esta imprevisión es que quienes más sufren las consecuencias de su uso indebido, más allá de la sociedad en su conjunto, son los sectores vulnerables: niñas, niño y adolescentes, individuos en situación de pobreza o indigencia, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
La investigación que aquí se presenta demandó más de tres años de arduo trabajo interdisciplinario. Se procuró no limitar la problemática a la cuestión meramente penal y puni- tiva, sino a detectar los nodos que generan esta modalidad delictiva, tanto a nivel interno como en los países de la región latinoamericana y de otras partes del mundo. Esto se aborda desde la perspectiva de una política criminal integral que brinde soluciones de fondo sostenibles y que, además, resulten compatibles con los preceptos de los derechos humanos, sin limitarse a la emergencia.