En las últimas décadas fuimos testigos y muchas veces también víctimas del auge que tuvieron las organizaciones delictivas transnacionales, que se ha visto reflejado no solo en la afectación de bienes individuales dentro de un mismo país, sino además en el descarrilamiento de las instituciones democráticas y republicanas tanto de los países donde se establecieron dichas asociaciones como de aquellos donde invirtieron las ganancias de sus crímenes.
Ello, debido a los considerables rendimientos financieros y fortunas generados, que les permitieron invadir y contaminar las estructuras de la administración pública, así como de las actividades comerciales y financieras lícitas de la sociedad.
Como consecuencia de ello se tornó necesaria la creación de nuevas herramientas y/o institutos legales que permitieran atacar (más allá de los medios y del objeto en sí del delito) el fundamento y/o la motivación final de esas asociaciones criminales, esto es.
