Nuestra economía está compuesta por diferentes cadenas de valor conformadas por sectores integrados que coordinan estratégicamente los actores que se desempeñan desde la producción hasta la comercialización de un determinado producto. Por ejemplo, detrás de un lácteo exhibido en góndola, existe un gran número de empresas que en forma conexa propiciaron que ese alimento llegue al consumidor. En el extremo inicial de esta cadena nos encontramos con el productor de la leche que se concreta con el siguiente eslabón a través de la venta de su producto a los industrializadores y desde allí se despliegan un sinnúmero de relaciones jurídicas que responden a cada una de las etapas de la actividad.
En este concepto de red de empresas donde se propician las actuales relaciones económicas y jurídicas en el mercado, se detectan innumerables situaciones que con el correr del tiempo se han naturalizado en la vorágine de este tipo de economías donde unos venden y otros compran según las reglas del mercado, en un contexto extremadamente dinámico, globalizado y tecnificado.
Pero esta dinámica de la oferta y demanda, planteada como única lógica rectora de las relaciones comerciales, lejos de alcanzar los resultados esperados, planteó serias complejidades que mantiene desde hace décadas a la ciencia jurídica ocupada en buscar dispositivos que dentro de la economía de mercado puedan garantizar la existencia de herramientas que corrijan los abusos que se suscitaron en las sociedades aferradas a las reglas del mercado sin reglas, dando lugar (por ejemplo) al surgimiento de sistemas de protección a los consumidores, destinado a cuidar a los ciudadanos avasallados por estas lógicas, reconociendo la asimetría en el poder negocial entre las partes, el abuso de poder de los proveedores y la existencia de sujetos vulnerables. En el mismo sentido se esgrimió la teoría del contrato de adhesión como categoría contractual propia. Pero la detección de vulnerabilidades en el sistema aún no está agotada, por el contrario, la tendencia mundial nos demuestra avances sostenidos y significativos en los sistemas jurídicos que enfatizan en la protección de valores fundamentales a través de dispositivos protectorios ante las debilidades contractuales.
Entre empresarios también se observan situaciones en las que existen severas asimetrías en el poder negocial de quien ofrece un bien o servicio y aquella empresa que lo contrata. Estas situaciones pueden hallar sus motivos en diferentes causalidades, si bien los volúmenes de negocios son elementos claves para determinar la composición empresarial e inferir las brechas existentes entre las empresas, las asimetrías no siempre se justifican solo en estas diferencias, puesto que, además de las cuestiones estructurales, también ciertas contingencias funcionales y situacionales del mercado pueden generar un importante desequilibrio de fuerzas entre ellas.
En este trabajo se analizan las modalidades de contratación entre empresas en varios sectores de la economía nacional en relaciones bilaterales de dos eslabones de la misma cadena de valor integrados en forma vertical, en situaciones donde se evidencian asimetrías en el poder negocial, con el fin de detectar si esa situación deriva en abusos en el uso de esas prerrogativas por parte del demandante de bienes o servicios obteniendo ventajas en detrimento de la parte que detenta una situación de vulnerabilidad, caracterizando dicha conducta como abuso de poder de compra.
Luego del análisis de los patrones de conductas que se repiten en diferentes sectores hacemos una exploración tanto en el derecho interno como en el derecho comparado acerca de los posibles abordajes normativos de las problemáticas suscitadas en estos ámbitos, a través del derecho común y desde las legislaciones especiales (derecho de la competencia y competencia desleal) con el fin de analizar si existen en nuestro país las herramientas suficientes para prevenir y corregir estos comportamientos en los mercados.
