Hoy en día el Estado de Derecho y el Principio de Legalidad son puestos a prueba de manera constante. Esto se aprecia especialmente en la pujanza que se da entre la eficacia del sistema de persecución penal versus el respeto de los derechos fundamentales del individuo. En los tiempos actuales en los que flamean las banderas del derecho penal del enemigo, en los que proliferan las legislaciones de excepción que pretenden conjurar todo tipo de riesgos y en los que priman valores como la seguridad por sobre la libertad u otros derechos esenciales, se hace necesario entregar herramientas que evidencien empíricamente este fenómeno, máxime si los efectos de este tipo de legislación penal como la Ley 20.000 (gran variedad de injustos, anticipación de la punibilidad, alta penalidad, etc.) en aplicación combinada con las herramientas investigativas entregadas a los órganos de persecución penal (entregas vigiladas, agentes encubiertos, cooperaciones eficaces, exención de responsabilidad penal, etc.) se traduce en graves efectos en el proceso penal, al punto de degradar la mega garantía del debido proceso en un mero formulismo legitimante del ius puniendi del Estado.
Esta investigación pretende alertar a los operadores jurídicos, particularmente a quienes trabajan en el sistema de justicia penal, y a todos quienes creen en los valores y principios que sustentan el Estado de Derecho, para no enceguecerse con las formas y ritualismo legales y exigir la vigencia del principio de legalidad y de los demás derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, en especial de aquellos que protegen al ciudadano de la pretensión punitiva del Estado dentro del proceso penal.
