Esta obra que me enaltece prologar es la primera en la literatura jurídica argentina enteramente dedicada al estudio científico de las relaciones de trabajo en los establecimientos penitenciarios. Si bien su aparición constituye un acontecimiento que invita a la celebración, no alcanza a despejar la sensación de perplejidad que sobreviene al reparar en que esta novedad bibliográfica se produce transcurrida una década y media del siglo XXI mientras que la problemática de las condiciones de la ejecución penal ya eran objeto de preocupación, debate y propuestas en tiempos apenas posteriores a nuestra declaración de independencia -en los que arribaban a Buenos Aires las ideas reformistas de Beccaria, Bentham y John Howard seguidas de noticias sobre innovaciones en arquitectura carcelaria provenientes de Londres, Gante o Filadelfia- y, lo que constituye el dato más llamativo, las dos normas que actualmente se ocupan del trabajo en contexto de encierro, esto es, el Reglamento General de Procesados, instaurado por el decreto 303/96, y la ley 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad, se encuentran en vigor desde 1996.