El paradigma constitucional argentino desde 1853-1860 hasta 1994 se configuró mediante el Estado constitucional de derecho, y desde 1994 hasta la actualidad, se desarrolló en el marco del Estado constitucional y convencional de derecho. En ambos supuestos, la ley no constituía el techo del ordenamiento jurídico y debía adecuarse a la fuerza normativa proveniente de la Constitución argentina y de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos dotados de jerarquía constitucional.
De forma paralela, el Derecho secundario civil y comercial se ancló en el paradigma del Estado legislativo de derecho marcando una total indiferencia hacia la Constitución y expresando a través de los códigos el techo del ordenamiento jurídico como exclusivo orden público.
Esta situación de esquizofrenia normativa y simbólica implicó una detracción de los derechos fundamentales y los derechos humanos, la imposición encubierta del monismo moral y la creencia dogmática en las soluciones universales y abstractas más allá de las particularidades de los sujetos.
El Código Civil y Comercial, en el Capítulo 1 de su Título Preliminar, al establecer el sistema de fuentes y la regla de reconocimiento del Código respecto de su aplicación e interpretación, terminó con la dicotomía histórica y se propuso como una garantía primaria eficaz de los derechos.
