El objetivo de la presente obra es analizar si el régimen cerrado penitenciario, diseñado por el legislador español, constituye un régimen de cumplimiento de la pena de prisión respetuoso con los principios inspiradores del Estado de derecho.
Se examinan las tensiones existentes entre el principio de legalidad, proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución, y la regulación de numerosos aspectos del régimen cerrado vía reglamentaria o a través de normas internas dictadas por la Administración Penitenciaria.
Asimismo, se abordan los aspectos relativos al difícil equilibrio entre las restricciones de derechos de los internos -derivadas de las especiales necesidades de seguridad existentes en los centros o módulos de régimen cerrado- y la orientación de la pena privativa de libertad hacia la reinserción social del recluso, marcada por el artículo 25.2 de la Constitución.
