La institución de un Derecho procesal penal europeo, basado en un conjunto de garantías comunes y de mecanismos de cooperación judicial, pretende asegurar que los ciudadanos y los extranjeros que circulen en la Unión cuenten con un «estatuto procesal», equivalente y comparable en los 28 Estados miembros, y elaborar una respuesta adecuada para enfrentarse a la circulación de la criminalidad. Sin embargo, la construcción de un sistema de justicia penal, caracterizado por un conjunto de estándares mínimos compartidos por los Estados miembros de la UE es un proceso todavía in itinere, que se alimenta de las tendencias que caracterizan los distintos niveles constitucionales de protección de los derechos fundamentales (el nivel constitucional nacional, europeo e internacional). Por todo esto, en el presente trabajo se ha profundizado en las técnicas de armonización de los derechos del justiciable (CEDH y TEDH, Carta y TJUE, reconocimiento mutuo en materia penal y Directivas europeas sobre los derechos procesales), a fin de comprender su incidencia en la construcción de un espacio común de justicia y los límites.
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