Ésta es una investigación pionera en la sistematización del Derecho disciplinario en México, cuyo autor parte del análisis del sistema jurídico mexicano histórico y contemporáneo, para conocer el desenvolvimiento de la legislación nacional sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, distinguiendo dos modelos en esta materia: el tradicional y el garantista; el primero de los cuales representado por las leyes federales de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982 y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, y el segundo derivado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 2016. De la comparación que realiza, Mario Ismael Amaya Barón encuentra carencias técnicas sobre la ley supletoria de estos ordenamientos jurídicos, que han pasado, en el orden cronológico de estas leyes, de una norma supletoria penal, a una civil, para llegar a un contencioso administrativo, referencia que es importante considerar para consolidar un régimen evolucionado de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, mismo que se extiende en nuestros días a los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Al Derecho disciplinario lo compara con el Derecho penal, por ser ambos manifestaciones del Derecho sancionador, aclarando que no pretende combinar instituciones, conceptos y principios de cada disciplina jurídica la penal y la disciplinaria, sino reconocer los que sean comunes a toda rama del Derecho que tenga como presupuesto y alcance juzgar a una persona que sea servidor público por sus actos u omisiones indebidos en la función pública, a efecto de otorgarle seguridad y certeza jurídica en el procedimiento de responsabilidades administrativas. Asimismo, el autor propone estudiar metodológicamente la falta administrativa y la probable responsabilidad del servidor público, y ahora también del particular, en los casos que la ley señala, como presupuestos para justificar una sanción administrativa, donde la culpabilidad del enjuiciado quede plenamente demostrada. Entre los alcances del Derecho disciplinario destaca la consagración aún no materializada en la Constitución, ni en la ley de un mínimo de derechos procesales a favor tanto del servidor público como del particular sujetos a un procedimiento disciplinario. Cabe apuntar que la obra se desenvuelve en el marco jurídico contemporáneo del Sistema Nacional Anticorrupción, en plena vigencia en 2017, tanto a nivel federal como en las entidades deferativas, que lo replican.
