Acerca de la obra. El procedimiento penal per se, está plagado de actos de molestia destinados al gobernado, quizá la parte más polémica sea la fase de investigación inicial, donde tiene vigencia el dinamismo ministerial en busca esclarecer un evento delictivo y quién es la persona que intervino en su realización, para lograr que el ius puniendi no sea meramente ilusorio; es donde deviene precisamente la disyuntiva en la ponderación estatal frente a la tutela fundamental de determinadas prerrogativas del individuo en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, como regla, que debe encontrar la parte más fina y de última ratio en la injerencia de ciertos aspectos de la vida privada como excepción como la inspección persona, lugares u objetos, el reconocimiento de personas, voces u objetos, el cateo, la intervención de comunicaciones privadas y el sui generís caso de la prueba anticipada por mencionar algunos.
Intromisiones estatales que se agrupan en un solo concepto, el relativo a los actos de investigación, que centran su atención en la labor realizada por el representante social, la policia, y excepcionalmente por los particulares en determinados casos autorizados por la Ley, para que en la fase procedimental de la investigación inicial, se obtengan y recojan los elementos que serán utilizados para el esclarecimiento de un hecho delictivo y de la persona que intervino en su realización, se aspira con ellos lograr un juicio de mera probabilidad ó verosimilitud objetiva, basado en datos fácticos y no a partir de sospechas. Aspectos que de manera sólida, pueden favorecer al constructo de una teoria del caso que permitan tanto al órgano acusador como a la defensa, encontrar la conjugación de sus argumentos y trasladarlos ulteriormente al juicio oral, o bien, definir a su conveniencia, la solución del conflicto por las vias de los mecanismos alternativos o anticipados previstos en la ley secundaria.
Tópicos de esta Índole, se abordan en el presente libro de una manera singular, entre la inigualable mixtura que arroja la escasa doctrina existente en la materia y el contenido normativo y constitucional sobre dichas instituciones procedimentales, proporcionando a los operadores, llámense juzgadores, fiscales, defensores, estudiantes o estudiosos del sistema procesal penal de tipo acusatorio y oral, una valiosa herramienta para hacer frente efectivo a las vicisitudes que emergen en la praxis cotidiana a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales.
