Actualmente la doctrina penal se esfuerza por un movimiento que abarque el entorno internacional, con el objeto de adaptar el Derecho Penal a los cambios económicos y sociales que se han manifestado, y también para tratar de asimilar el Derecho Penal a un Estado Social y Democrático de Derecho, concebido éste como garante de la convivencia social, pacífica y que respete la dignidad de todos los individuos, en el que la ley se les aplique por igual a los que la infrinjan.
Por lo que el Derecho Penal ha de cumplir con los fines que le dan sustento, como son la conservación de los valores fundamentales de las personas y de la sociedad en su conjunto; por ello, es indispensable la protección de todos los bienes jurídicos, es decir, los derechos individuales y sociales, desde luego nos referimos a los principios que fundamentan un Estado de Derecho, esto es, los principios de intervención mínima, de legalidad y de culpabilidad, así como el de última ratio y que el castigo del delincuente tenga sus presupuestos en la prevención general, prevención especial y en el principio de justicia, así, la pena impuesta al delincuente, también ha de perseguir la resocialización del mismo.