La ejecución de la pena ha sido siempre uno de los temas más difíciles de tratar, al ser donde convergen puntos de vista que pudieran ser contradictorios: por un lado, la última de la etapas del ius puniendi como protector del orden social y, por el otro, la protección a los derechos fundamentales que reciben el rigor de ese derecho a castigar del Estado.
La ejecución penal estará marcada por la visión del Estado respecto de las penas y su función, es decir, por su política criminal y el fin de la pena que busque; por lo que para encontrar el equilibrio entre la privación de la libertad y los derechos de las personas privadas de la libertad ha surgido la figura del juez de ejecución de sanciones, la más propia dentro de una Estado democrático.
Lo anterior lo veremos reflejado en la evolución del tema en el ordenamiento jurídico mexicano, desde el cambio de paradigma a la reinserción social, pasando por la inclusión del juez de ejecución de sanciones y el irrestricto respeto de las personas privadas de libertad, hasta la Ley Nacional de Ejecución Penal como herramienta, muy esperanzadora, de lograr una ejecución penal humanizada.
