En la lucha por el reconocimiento de los órdenes jurídicos indígenas se ha privilegiado la argumentación cuyo tema fundamental consiste en la justicia que significaría tal logro para los pueblos autóctonos. Sin embargo, señalar los beneficios que el sistema jurídico nacional obtendría de esa consideración puede significar una razón complementaria de dicha consecución.
En este libro se comparan algunos procedimientos legales con las formas de argumentación de ciertos grupos indígenas, en especial los triquis de Oaxaca, con el objetivo de identificar aquellas estrategias comunicativas que sostienen su eticidad y que pueden adaptarse para mitigar, cuando menos, la enajenación de la persona abstracta del Estado moderno y limitar la colonización sistémica del derecho, que obstaculiza la administración de justicia y que, en lugar de hacernos respetar como personas, hace que la persona, según denuncia Hegel, sea la expresión del desprecio.
Sin soslayar la dificultad de compatibilizar las visiones indígena y moderna del derecho, sobre todo en lo que se refiere al comunitarismo y al individualismo social, respectivamente, a la autora le parece que un buen modelo para conseguir la conciliación entre el mundo indígena y el Estado es la propuesta de Seyla Benhabib acerca del diálogo cultural complejo, que ayudaría a constituirnos, a unos y otros, como personas ampliadas, según Habermas, y construir una convivencia multicultural.
