La inseguridad y la crisis de la justicia penal, ampliamente reconocidas ante la evidente impunidad, corrupción e incompetencia, guiaron al legislador a realizar una serie de modificaciones constitucionales. Quien emprenda el estudio de la reforma penal constitucional de 2007-2008 hallará en su recorrido muchos motivos de aliento; también encontrará motivos de zozobra, que sugieren rectificaciones prontas y claras.
Nuevos temas, nuevos requerimientos, nuevas necesidades llegan al encuentro de la sociedad. A veces se trata de cuestiones de gran dimensión, enorme calado, que reclaman respuestas de la misma magnitud, y es preciso aportarlas con oportunidad y acierto, pero ninguna de ellas debe menoscabar el Estado de derecho, los principios y las reglas de la democracia, el imperio de los derechos humanos, que son la garantía de nuestra existencia, individual y colectiva. No se trata de sacrificar al hombre so pretexto de preservar la paz. Se trata de garantizar ésta como condición para el desenvolvimiento del ser humano: plenitud de su vida, calidad de su existencia.
Bajo esta óptica, una serie de académicos y especialistas en la materia reflexionan en torno a la reforma penal. Los textos, presentados en el marco de las Décimas Jornadas sobre Justicia Penal, abordan algunos temas como. Reforma penal y Poder Judicial; directrices generales para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal mexicano; investigación para la prevención del delito; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la reforma constitucional-penal de 2008; delincuencia organizada, vinculación a proceso y las garantías individuales en la reforma constitucional; la prisión preventiva y la libertad provisional; los sujetos procesales en el procedimiento penal oral; la Ley de Extinción de Dominio; el juez de control; la reforma penitenciaria 2008-2009; la justicia para adolescentes y el indígena ante el nuevo sistema de justicia.
