PRUEBA ILÍCITA -1.ª ED. 2022

CAPÍTULO I
La prueba ilícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CAPÍTULO II
Orígenes de la regla de exclusión de la prueba ilícita

CAPÍTULO III
Prueba indirecta, derivada o refleja de la prueba ilícita

CAPÍTULO IV
Prueba ilícita vs prueba ilegal

CAPÍTULO V Momentos en qué se puede dar la vulneración de derechos

CAPÍTULO VI
Dilación indebida en la puesta a disposición

CAPÍTULO VII
Solicitud de declaración de nulidad/incidente de nulidad

CAPÍTULO VIII
La prueba ilícita y su influencia psicológica en el juzgador

CAPÍTULO IX
Prueba ilícita vs efecto corruptor

CAPÍTULO X
Excepciones admitidas a la regla constitucional de exclusión de la prueba ilícita por parte de nuestros tribunales federales

CAPÍTULO XI
Excepción de la atenuación del vínculo o del nexo causal atenuado

CAPÍTULO XII
Excepción de la fuente independiente

CAPÍTULO XIII
La excepción del descubrimiento inevitable o del hallazgo casual

CAPÍTULO XIV
Excepción de la buena fe

CAPÍTULO XV
La doctrina de la conexión de la antijuridicidad

CAPÍTULO XVI
La doctrina de la ponderación o de la proporcionalidad

CAPÍTULO XVII
La teoría del riesgo

CAPÍTULO XVIII
La infracción constitucional privada

CAPÍTULO XIX
No reconocimiento de excepciones a la regla constitucional de exclusión de la prueba lícita por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales

CAPÍTULO XX
Casos para razonar en la jurisprudencia mexicana

CAPÍTULO XXI
El debilitamiento de la exclusionary rule y el camino hacia su exclusión

En nuestro país, pese a la cláusula constitucionalizada de la regla de exclusión de la prueba ilícita, que acorde con la fracción IX del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”; ésta no termina por aplicarse en todos los casos en que debería. La Primera Sala parece haber encontrado, sin apoyo constitucional alguno, excepciones a la regla de exclusión que expresamente contempla nuestra Carta Magna. A muchos Tribunales parece “temblarles” la mano para obrar resolviendo conforme a derecho, por encima del populismo punitivo y el interés político.

Todo lo anterior obedece a, como diría Alberto Binder, que “la legitimación de una decisión que se logra a través de los medios masivos de comunicación es mucho más efectiva que la precisión argumental de una pieza argumentativa”.