MANUAL PRÁCTICO DE LITIGACIÓN PARA LA ASESORÍA JURÍDICA DE VÍCTIMAS

LITIGIO ESTRATÉGICO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

VALADEZ DÍAZ, MANUEL

$ 950.00 MXN
51.68 $
45,41 €
Editorial:
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR
Año de edición:
2021
ISBN:
978-607-610-930-4
Páginas:
948
Encuadernación:
Cartoné
Colección:
AUTORAL

Disponibilidad:

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ACERCA DEL AUTOR
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN

CAPITULO I
Conceptos básicos de la asesoría jurídica de víctimas

1.1 Introducción
1.2 Definición de víctima u ofendido
1.3 Derechos de la víctima u ofendido
1.4 La reparación del daño o restitutio integrum como eje central de los derechos de las víctimas
1.5 El perfil deseable del asesor jurídico victimal

CAPÍTULO II
Problemática de la asesoría jurídica de víctimas

2.1 Problemática actual de la asesoría jurídica de víctimas
2.2 La insuficiente delimitación de facultades del asesor jurídico
2.3 La desigualdad a la que se enfrenta el asesor jurídico de víctimas

CAPÍTULO III
El asesor jurídico y los mecanismos diseñados para la protección de los derechos de las víctimas

3.1 La víctima tiene derecho a querellar o denunciar hechos delictivos frente a la posible caducidad o prescripción de ese derecho
3.2 La víctima tiene derecho a conocer la verdad de lo ocurrido
3.3 El derecho de la víctima para impugnar cualquier omisión o negligencia del Ministerio Público en la investigación de los hechos materia de la denuncia o querella
3.4 La víctima tiene derecho a embargar bienes del imputado para garantizar el pago de la reparación del daño
3.5 La víctima tiene derecho a ejercer la acción penal particular
3.6 La víctima tiene derecho a ser notificada de la audiencia inicial, con independencia de que la causa penal inicie mediante citatorio en libertad, orden de aprehensión, orden de comparecencia, detención en flagrancia o caso urgente
3.7 La víctima tiene derecho a solicitar medidas cautelares para intentar contener riesgos procesales
3.8 La víctima tiene derecho a solicitar la devolución de las cosas al estado que guardaban de forma previa al delito
3.9 La víctima tiene derecho a solicitar actos de investigación al Ministerio Público
3.10 La víctima tiene derecho a realizar actos de investigación de forma paralela e independiente al Ministerio Público
3.11 La víctima tiene derecho a ser notificada de cada acto del proceso y de los derechos que le asisten en cada uno de éstos
3.12 La víctima tiene derecho a solicitar la reapertura de la investigación ante omisiones del Ministerio Público
3.13 La víctima tiene derecho a constituirse como coadyuvante de la acusación del Ministerio Público
3.14 La víctima tiene derecho a ofrecer medios de prueba como coadyuvante de la acusación para juicio oral
3.15 La víctima tiene derecho a la prueba anticipada como un mecanismo útil para su protección y del debido proceso
3.16 La víctima y sus derechos en los procesos penales contra empresas
3.17 Los derechos de la víctima como testigo al interior del proceso penal
3.18 El derecho de la víctima en relación con el debido proceso y su acceso al juicio de amparo

CAPÍTULO IV
La teoría del delito como herramienta esencial de la labor del asesor jurídico

4.1 Introducción
4.2 ¿Para qué sirve el derecho penal?
4.3 ¿Qué es la norma penal?
4.4 ¿Qué es la teoría del delito?
4.5 ¿Cuándo se encuentran el Ministerio Público y el asesor jurídico ante un delito?
4.6 El Ministerio Público y el asesor jurídico: análisis que deben realizar en relación con los elementos conformadores del delito
4.7 Formas de intervención delictiva

CAPÍTULO V
El asesor jurídico y la etapa de investigación

5.1 La investigación criminal
5.2 El asesor jurídico en la audiencia inicial
5.3 La formulación de imputación como núcleo esencial de la defensade los derechos de la víctima
5.4 El asesor jurídico y la solicitud justificada de medidas cautelares
5.6 La asesoría jurídica ante la solicitud de vinculación a proceso

CAPÍTULO VI
El asesor jurídico y el litigio estratégico de la etapa intermedia

6.1 Introducción
6.2 Concepto
6.3 Marco normativo
6.4 La etapa intermedia y la teoría del caso del Ministerio Público. Una cuestión de estrategia para el asesor jurídico
6.5 Fases de la etapa intermedia: escrita y oral
6.6 La fase escrita de la etapa intermedia
6.7 Fase oral de la etapa intermedia

CAPÍTULO VII Litigación en juicio oral para el asesor jurídico

7.1 Concepto
7.2 Marco jurídico
7.3 Libertad probatoria y legalidad de la prueba
7.4 Posibilidades procesales de la intervención en juicio de testigos o peritos
7.5 Los factores que inciden en la declaración de un testigo. La psicología del testimonio
7.6 Manejo en juicio de documentos, objetos y otros elementos de convicción
7.7 La audiencia de juicio oral
7.8 Caso especial de testimonio. La declaración del acusado
7.9 Técnicas de litigación como el interrogatorio, el contrainterrogatorio y sus respectivas réplica y dúplica, tipo de preguntas permitidas, objeciones, la incorporación y reconocimiento de objetos y documentos, el apoyo de memoria, la evidencia o superación de contradicciones

CAPÍTULO VIII
El asesor jurídico ante los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado

8.1 Los acuerdos reparatorios
8.2 Acuerdos reparatorios
8.3 Los mecanismos alternativos en detención por flagrancia o bajo la medida cautelar de prisión preventiva
8.4 Delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de la parte ofendida o que admitan
el perdón de la víctima o del ofendido
8.5 La suspensión condicional del proceso
8.6 Finalidad de la suspensión condicional del proceso
8.7 Casos de procedencia y obligación de verificación de los mismos por parte del Ministerio Público y el órgano jurisdiccional
8.8 Requisitos a cumplir para su autorización por parte
del juez de control
8.9 El asesor jurídico y el procedimiento abreviado

BIBLIOGRAFÍA

Este manual surge como resultado del nuevo escenario que enfrentan las víctimas y sus asesores jurídicos en la práctica del sistema acusatorio mexicano. Sin lugar a dudas, el papel de las víctimas y su intervención como verdaderas partes del proceso penal dista mucho del rol que tristemente desempeñaban en el coloquialmente llamado sistema tradicional o inquisitivo- mixto, pues ahora cuentan con un verdadero derecho para intervenir de manera activa en el proceso penal, no sólo para buscar que se les repare el daño causado por el delito, sino para coadyuvar a efecto que, como una condición previa a ello, se demuestre tanto la existencia de un hecho delictivo, como la intervención penal en el mismo de una persona determinada, todo ello relacionado a lo que se conoce como una reparación integral. Este panorama a primera vista pareciere alentador, puesto que se refiere a que ahora se reconozca el derecho de las víctimas a intervenir de manera activa en el proceso penal, lo que comprende, desde luego, actos procesales como son: ser debidamente notificada de las audiencias; su asistencia en intervención en las mismas; la posibilidad de alegar a su favor; controvertir las manifestaciones de la defensa; recurrir cualquier resolución que le sea adversa, etcétera, ha sido potencializada mediante el acompañamiento técnico de un abogado que, de forma independiente a la labor que realiza el Ministerio Público, se dedica en exclusiva a la asesoría técnico-jurídica de las víctimas del delito para la defensa de sus intereses. Esta figura del asesor jurídico de víctimas, contemplada de manera normativa desde la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en el artículo 20, Apartado C, de nuestra Carta Magna e instrumentalizada mediante la Ley General de Víctimas, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, implica el derecho de las víctimas a contar con un abogado que, durante todo el proceso penal y casi a partir de que se cometa el hecho delictivo, se dedique a proteger sus derechos para buscar la adecuada e integral restitución de los mismos. Dicha labor no ha resultado sencilla, pues en la práctica se ha descubierto que los ojos y atención de la mayoría de los operadores están centrados en la protección de los derechos del imputado relacionados al debido proceso, mas no así a los de las víctimas, lo que sin duda es un error, pues el concepto de debido proceso ha cambiado en nuestro país, porque para respetar tal derecho no sólo se debe tutelar los derechos del imputado, sino los de las víctimas, lo que no ha resultado sencillo, ya que se ha descubierto que los asesores jurídicos enfrentan en su labor dificultades formales como la mala regulación de sus facultades y derechos al interior del proceso penal, tanto a nivel procesal como en materia de amparo; así como dificultades materiales que se reflejan en cuestiones como un trato inadecuado por parte de agentes del Ministerio Público, quienes, en ocasiones, incluso se niegan a proporcionarles una cuestión meramente elemental como es la copia de la carpeta de investigación, o bien, tratan de impedir su intervención directa en la conformación de la carpeta de investigación o la toma de decisiones esenciales en audiencia, a lo que se suma la postura de algunos órganos jurisdiccionales que, al no estar acostumbrados a su intervención en audiencia, llegan a dejarlos fuera de la toma de postura en audiencia en temas claves. A todas estas problemáticas, entre muchas más, se deben añadir las dificultades que enfrentan tanto los asesores jurídicos públicos como particulares, relacionados a falta de una adecuada capacitación, acceso a servicios periciales independientes de calidad, mala infraestructura física, inexistencia de protocolos estandarizados de atención a víctimas, etcétera, temas que en efecto pueden llegar a afectar la calidad del servicio prestado a la víctima. Por todo lo anterior es que se elabora esta obra, pues este libro busca explicar a detalle y desde un enfoque práctico al proceso penal vinculado a la labor de los asesores jurídicos de víctimas, además de detallar los derechos con que cuentan, las posibilidades normativas y figuras legales a su alcance para la protección de los derechos de las víctimas en temas como: el acceso eficaz a la justicia, el derecho a la verdad, la reparación integral del daño, el embargo precautorio en contra del imputado, la intervención en audiencias, el ofrecimiento y desahogo de medios de prueba por parte de la víctima, la impugnación de las decisiones que en su perjuicio realice el Ministerio Público o incluso el órgano jurisdiccional, etcétera. En conclusión, este libro busca convertirse en un verdadero apoyo para que cualquier abogado que se dedique a la interesante labor de asesor jurídico de una víctima cuente con las herramientas, conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas necesarios para proteger eficaz y exitosamente los derechos de las víctimas.

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