TERRADILLOS BASOCO, JUAN MARÍA / BASILICO, RICARDO ÁNGEL
La protección penal de la función pública
Corrupción política y delitos contra la Administración Pública. Una aproximación introductora
Corrupción pública/corrupción privada: los escenarios de encuentro
Autoría mediata en delitos de corrupción pública
Abusos genéricos de funcionarios y prevaricación administrativa: un análisis comparado de los sistemas español y argentino
Negociaciones y actividades prohibidas de los funcionarios públicos
Realidad criminológica y respuesta penal frente a la corrupción pública
Corrupción pública: el engranaje del crimen organizado
La importancia de la recuperación de activos
Una adecuada interpretación del Estado a los fines de la protección penal traslada su conceptualización a los tres poderes que lo integran (Gobierno y organismos centralizados y descentralizados que forman parte del mismo, sea en el orden nacional, provincial o municipal). Con ello, todo organismo que desempeña funciones públicas, sea bajo la forma de actos de autoridad o de gestión, forma parte de la denominada "Administración Pública" (sea centralizada o a través de sus organismos descentralizados u otros con participación y decisión estatal mayoritaria). La razón de esta protección reconoce sus principios y etiología en la conservación del sistema republicano y sus instituciones.
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