NUEVA ESTRUCTURA PROBATORIA DEL PROCESO PENAL, LA - 1.ª ED. 2008

Presentación
Introducción

I. El anterior sistema procesal y su régimen probatorio
A. El régimen procesal vigente hasta 1987
B. El tégimen procesal vigente a pattir de 1991

II. Acetca de los fundamentos del sistema acusatorio colombiano
A. Los estándares mínimos impuestos pot la comunidad internacional
B. Los fundamentos constitucionales
1. La Carta Política como sistema normativo
2. Los principios de la administración de justicia
3. La estructura básica del proceso penal

III. Hacia una nueva estructura probatoria del proceso penal
A. La finalidad de las pruebas penales
B. Los nuevos fundamentos de las pruebas penales

IV. Premisas básicas de la nueva estructura probatoria
A. La regla de exclusión de la prueba ilícita
B. Los deberes que la Constitución le impone a la Liscalía en materia probatoria
1. Deber de aseguramiento
2. Deber de descubrimiento
C. Los ptincipios probatorios del juicio
D. Algunas particularidades
1. Las facultades probatorias de la víctima
2. La prueba de referencia
3. Ll testimonio del acusado
4. La necesidad de contextualizar la jurisprudencia constitucional y penal

La principal característica del nuevo proceso penal colombiano está determinada por una verdadera revolución probatoria: de una concepción del proceso en la que regía el principio de permanencia de la prueba, se ha pasado a un esquema en el que solo es prueba la que surge ante los ojos del juez de conocimiento. Es decir, de un sistema en el que el juez podía apoyar la sentencia en la prueba practicada antes del juzgamiento, se ha pasado a un modelo en el que el juez únicamente puede dictar la sentencia con base en las pruebas practicadas en el juicio. La comprensión de esa realidad y su adecuado dimensionamiento, exigen a los distintos actores del sistema penal un profundo esfuerzo de fundamentación y el desarrollo de una serie de habilidades hasta ahora extrañas a nuestra práctica jurídica.

Lamentablemente, ya en vigencia del sistema acusatorio, algunos ámbitos de la práctica judicial siguen orientándose, por esquemas propios del antiguo régimen, con lo cual se corre el riesgo de desnaturalizar ese sistema procesal y de perder la oportunidad de hacer del proceso penal un escenario de administración de justicia, compatible con la dignidad del hombre y con la democracia pluralista, en tanto cimientos de los Estados constitucionales.

Ante la sincera preocupación que genera esa realidad, en este ensayo se plantea una breve reflexión sobre la nueva estructura probatoria del proceso penal y se lo hace con el fln de llamar la atención en torno a la necesidad de superar los esquemas mentales propios del anterior régimen procesal y de contribuir a la formación de una sistemática probatoria y de una práctica judicial coherentes con el nuevo modelo de justicia penal.

En esa dirección:
(i) Se recuerda el régimen probatorio del anterior proceso penal, ligado al denominado principio de permanencia de la prueba;

(ii) se retoman los estándares internacionales vigentes en materia de procedimiento penal y el constitucionalismo colombiano, principalmente con base en el sistema normativo en él consagrado, en los principios de la administración de justicia y en la estructura básica del proceso penal;

(iii) se refiere la revolución probatoria a que ha habido lugar, sobre todo a partir del desarrollo de la regla de exclusión de la prueba ilícita, de la previsión constitucional de unos deberes que en materia probatoria vinculan a la Fiscalía General de la Nación y de unos principios de la misma índole que rigen el juicio y que suponen la superación definitiva del mencionado principio y, finalmente,

(iv) de la mano de los más relevantes desarrollos legales y jurisprudenciales, se repasan algunas de las más importantes implicaciones de ese nuevo régimen.

Sobre el final, se plantea si ese nuevo contexto de fundamentación de las pruebas penales debe conducir, en el futuro, a la reformulación de la prueba inconstitucional para entender por tal no solo aquella que viola derechos fundamentales y las formalidades legales esenciales de la prueba, sino también aquella que, de manera manifiesta y trascendente, desconoce los deberes de aseguramiento y descubrimiento que le asisten a la Fiscalía o los principios probatorios del juicio, en tanto nuevos fundamentos superiores de tales pruebas.

Finalmente, el autor expresa su gratitud a todas las personas, especialmente a los magistrados y jueces colombianos, con las que ha tenido la oportunidad de dialogar y de compartir inquietudes en torno a la necesidad de forjar para Colombia un sistema de justicia penal de tendencia acusatoria
que sea compatible con nuestro sistema normativo y con nuestra cultura jurídica; es decir, un sistema procesal en el que se administre justicia a partir de una aproximación razonable a la verdad y en un marco de estricto respeto de los derechos de los distintos intervinientes.