JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA. LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011

Editorial:
TIRANT LO BLANCH MEXICO
Materia
Derecho constitucional
ISBN:
978-84-9169-019-1
Encuadernación:
Rústica
Colección:
MONOGRAFÍAS

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Capítulo I
EL PROBLEMA DE LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Marco Teórico
2. La Perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Capítulo II
LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
1. Algunas consideraciones previas
2. La Justiciabilidad de los Derechos Humanos frente a la soberanía nacional. (Contradicción de Tesis 293/2011)

Capítulo III
BREVE ANÁLISIS AL ARTÍCULO 1° CONSTITUCIONAL
1. Segundo Párrafo del artículo 1°
2. Tercer Párrafo del artículo 1°
3. Principio Pro Persona

Capítulo IV
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
1. La recepción y aplicación del Bloque de Constitucionalidad en el sistema jurídico mexicano
2. Control de Convencionalidad
3. Bloque de Convencionalidad y el sistema de fuentes

La resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011 significa un avance y un retroceso, pues si bien estableció que los derechos humanos, sin distinción alguna de la fuente de donde provienen, ya sea convencional o constitucional, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, así como que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos, estableció una restricción que delimita la interpretación del artículo 1º constitucional, limitando el ejercicio del principio pro persona y la justiciabilidad de los derechos humanos. De igual manera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación logró tener un consenso importante ya que los ministros tenían criterios opuestos y había que buscar la forma de equilibrar de la mejor manera los discernimientos expuestos por cada uno de los integrantes del Pleno. Sin embargo al hablar de restricciones expresas a la Constitución, se está hablando de jerarquía entre las normas de fuente constitucional y de fuente convencional, puesto que el operador jurídico debe aplicar la norma constitucional, dejando sin efecto las bondades de la aplicación del principio pro persona, lo que incide directamente en la justiciabilidad de los derechos humanos.

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