CONTI, NÉSTOR JESÚS / SIMAZ, ALEXIS LEONEL / FALCONE, ROBERTO A.
La inquietud que genera el problema social del tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos alcanza tal intensidad, que con frecuencia, la cuestión criminológica y político-criminal relega el problema jurídico, es decir el problema de la aplicación del derecho vigente a los casos que se juzgan ante los tribunales.
Ello se advierte en la utilización por el legislador de delitos de peligro abstracto, en el que se adelanta la punición a situaciones que, en algunos casos, están demasiado lejos de la afectación de la salud pública como bien jurídico colectivo, lo que crea tipos penales con menores exigencias probatorias, es decir, con un contenido de ilicitud a veces leve y reprimido con penas muy severas.
El legislador argentino, a mediados de la década del setenta, al sancionar la ley 20.771 se alineó claramente en la política estadounidense que declaraba la guerra contra las drogas. La persecución se dirigió contra el consumidor delincuente, ya que con su conducta ponía en peligro la seguridad nacional y favorecía la subversión, además de sostenerse que de "no haber consumidores no habría traficantes". Así lo entendió la CSJN en el caso "Colavini".
La "guerra contra las drogas" se inició en los años setenta cuando el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon destinó un presupuesto inicial de seis millones de dólares para combatir el fenómeno criminal, por el que el adicto era considerado un delincuente cuyo castigo resultaba imprescindible para derrotar al tráfico ilícito de estupefacientes.
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