JÁCOME VERGEL, DIEGO FERNANDO
Capítulo I. El deber de dar respuesta. Contenido que debe tener una resolución como garantía del cumplimiento del derecho fundamental de petición
1. El carácter de derecho fundamental de la posibilidad de elevar solicitudes respetuosas a la administración. Importancia de la solicitud, como límite decisional de la autoridad
2. Contenido obligacional del derecho de petición
Capítulo II. Cómo se compone el núcleo esencial del derecho de petición y principios que complementan ese contenido obligacional
1. Elementos del deber de dar respuesta
2. Principios que se protegen con el deber de dar respuesta al derecho de petición
Capítulo III. La vinculación de las respuestas de la administración al precedente
1. El valor del precedente
2. Papel de la administración frente al precedente
3. La vinculación de las respuestas de la administración al precedente
Capítulo IV. Los derechos que se vulneran con la omisión parcial o total del deber de dar respuesta. El silencio administrativo
1. Derechos que se vulneran con la omisión parcial o total del deber de dar respuesta a las peticiones
2. Silencio administrativo
¿Qué puede esperar una persona al elevar una solicitud, que mecanismos tiene en caso de sentir vulnerado su derecho, y cómo o con qué herramientas cuenta la administración al momento de dar respuesta?
El escrito que se propone a continuación, tiene necesariamente una mirada crítica hacia la realidad administrativa, la capacidad física, humana, técnica y tecnológica, que adolecen muchas entidades al manejar el conocimiento jurídico requerido, para el
desarrollo de las nuevas facultades y obligaciones traídas en la ley 1437.
Igualmente, también tiene una ambición crítica sobre la alta evasión de las autoridades administrativas de su obligación de dar respuesta, a través de la cual se ha logrado -por una parte-desconocer innumerables derechos de los particulares que no llevan a juicio su reclamación, y -por otra parte- se ha perpetuado un alta litigiosidad que ha afectado en forma crónica no solo los derechos de los particulares (quienes esperan una solución pronta), sino también la legitimidad y la economía de la administración pública.
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