México informó el martes que ha multiplicado los recursos financieros y humanos en sus consulados en Arizona para atender a mexicanos que sean afectados por la entrada en vigor, el jueves, de una ley que criminaliza la inmigración ilegal en ese estado del sur de Estados Unidos.

La cancillería mexicana "intensificó las medidas de protección consular para los mexicanos" en Arizona con "la asignación de personal y recursos financieros adicionales y la ampliación de los programas de asesoría legal que requieran los nacionales mexicanos", informó un comunicado del gobierno.

La ley SB 1070, que entrará en vigor el jueves, fue promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y autoriza a la policía estatal a verificar el estatuto migratorio y a realizar detenciones de indocumentados para proceder a su eventual deportación.

Los consulados mexicanos de Phoenix, Yuma, Douglas, Tucson y Nogales, han multiplicado en los últimos días sus programas de difusión sobre los alcances de la esta polémica ley y disponen de líneas telefónicas para brindar asesoría, añadió el comunicado de la cancillería.

En Arizona viven unos dos millones de hispanos, 33% de ellos no nacidos en Estados Unidos. Se calcula que de ellos unos 460.000 son indocumentados, en su mayoría mexicanos.

El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley con el argumento de que las políticas migratorias no son facultad de los gobiernos estatales.

México, con el respaldo de 11 países latinoamericanos, también ha impulsado acciones jurídicas contra la controvertida ley recurriendo a la figura denominada "amigo de la corte" y sigue pendiente, según la cancillería, de una eventual resolución de la corte de distrito que tiene a su cargo el caso.

Autoridades mexicanas y organizaciones civiles a ambos lados de la frontera temen que a partir de que entre en vigor esta ley se produzcan persecuciones de migrantes y deportaciones masivas.