La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa capitalina presentaron las bases de colaboración para hacer las adecuaciones al Código Penal y privilegiar las penas alternativas a través de la reparación del daño en delitos no graves, así como la medición.

Dicho proyecto forma parte de los requerimientos a las reformas constitucionales y ahora las autoridades buscan privilegiar la reparación del daño, la mediación y las penas alternativas.

Asimismo, las autoridades capitalinas pretenden reclasificar algunos delitos —aquellos que sean por querella— para que los inculpados enfrenten su proceso en libertad y no sea necesario encarcelarlos. Entre dichas figuras delictivas se encuentran los robos de baja cuantía y algún tipo de lesiones.

Con estos mecanismos se pretende despresurizar las cárceles locales, que registran una sobrepoblación del 100 por ciento en el Reclusorio Norte y Oriente, fenómeno que se presentó luego de las modificaciones al Código Penal en el 2003, auspiciadas por el actual jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien propuso castigar con cárcel, y sin derecho a fianza, los robos de baja cuantía.

Ahora las autoridades buscan despenalizar algunos hechos considerados delitos de alto impacto y clasificarlos como faltas administrativas para que sean sancionados por un juez cívico.

De acuerdo con las estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, uno de cada ocho presos está por delitos menores a 500 pesos.

En este sentido, la PGJDF a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos explicó que el objetivo de las reformas es priorizar la búsqueda del perdón de la víctima mediante la reparación del daño en los ilícitos de querella y de bajo impacto social.

Las adecuaciones constitucionales tienen la intención de despresurizar el sistema penal al evitar la sobrepoblación penitenciaria, y recomponer el tejido social mediante el acercamiento del ofendido y el inculpado, a través de las herramientas jurídicas de mediación, conciliación y negociación.

Un ejemplo de ello son las lesiones por querella, pues aunque las partes se desistan de las acusaciones el Ministerio Público está obligado a seguir la investigación de oficio cuando las lesiones tardan en sanar más de 15 días.

En este caso los acusados son encarcelados, sin posibilidad de otorgarse el perdón, y sólo quedan en libertad tras pagar fianza, aunado a que sentencias marcan reparaciones de daños son mínimas en cuanto a dinero.