Diálogo en el infierno con Roxin

¿De quién es la vida?

Cuando el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)  publicó La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el derecho a la vida (2002), no pretendía tomar parte por una u otra posición respecto a la constitucionalidad de las disposiciones que despenalizaban el aborto en el Distrito Federal. Lo que buscaba era, lisa y llanamente dar a conocer a la opinión pública la forma de razonar de los ministros que integran el Pleno en nuestro Máximo Tribunal al momento de interpretar la constitución en materia penal.

Este es el mismo espíritu que alienta la publicación ¿De quién es la vida?, que incluye razonamientos y justificación del voto del ministro Genaro David Góngora Pimentel, relativo a la declaración de constitucionalidad del Decreto de Refomas del Distrito Federal que despenalizaron la interrupción del embarazo, a petición de la mujer antes de las 12 semanas de gestación.

En este trabajo, Góngora hace gala de una lógica impecable. Primero para desvirtuar los argumentos que se presentaron en favor de echar abajo la legislación en el Distrito Federal y, en segundo, para explicar por qué esta legislación debía considerarse válida, como finalmente ocurrió.

Se puede estar de acuerdo o no con los argumentos de Góngora, pero es necesario admitir que su lucidez convierte este texto en referencia obligada para cuialquiera que desee enterner cómo se hacen e interpretan las leyes en México.

La fuerza de la razón y la razón de la fuerza

No es posible contradecir el principio de que el Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos. sin embargo, cuando se habla del uso de la fuerza como una facultad de éste, en ocasiones las explicaciones rayan en lo simplista. Por una parte, se dice que el estado es un victimario que no conoce límites y se justifica con el argumento de la salvaguarda de los intereses de la sociedad, pero por otra, se exige que emplee el mayor rigor y toda la fuerza de que es capaz para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las opiniones abundan, pero ¿cuáles deben ser los límites a dicha fuerza?, ¿cómo diferenciar la razón de la fuerza de la fuerza de la razón?, ¿es posible delimitar jurídica y éticamente el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiales y de sseguridad?

En éste libro, los autores nalizan el uso de la fuerza publica a través d elos distintos tratados internacionales aprobados sobre la materia, las resoluciones de las cortes internacionales de Derechos Humanos, así como las disposiciones legales vigentes que, en cualquier pasís democrático y plural legitiman y explican el uso que hace el estado de esta facultad. Como conclusión, ofrecen un "Proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública".

¡Adquiéralo ya!

"Una revisión impresionante sobre qué previene la violencia, con recomendaciones viables para los políticos."

"Poderoso, apasionante y escrito de manera persuasiva. Una lectura obligatoria para todo votante"

Estados Unidos, lamentablemente, encabeza la lista de países desarrollados con los índices más altos de homicidios, aún y cuando los contribuyentes pagan más de $200 billones de dólares -por el privilegio de encerrar en prisión a uno de cada cuatro hombres con pena privativa de libertad, en todo el mundo.

Pero podría ser diferente. Renombradas instituciones como la Academia Nacional de Ciencias y la Organización Mundial de la Salud confirman y proporcionan numerosos ejemplos sobre cómo allí donde se atacan las raíces de la violencia, no sólo se detiene la victimización sino también, se salvan vidas y dinero.

En este pequeño libro, Waller describe estos éxitos y sus implicaciones tanto para políticos como para votantes, de tal forma que tengan las herramientas idóneas para detener la violencia - Una Ley para la Prevención de la Violencia en vez de más policías, persecutores, jueces y reclusos.